Sí, a veces los muertos se
revuelven en sus tumbas y emergen de ellas, como espectros, pidiendo justicia.
Y eso parece que ha pasado con los militares españoles fallecidos hace trece
años en un accidente aéreo cuando regresaban de Afganistán. Han cogido por el
cuello a los consejeros de Estado para que vuelvan a poner de actualidad todo
lo relacionado con su muerte.
Visto con la perspectiva que da
el tiempo todo lo que sucedió entonces parece ahora mucho mas obsceno y la
injusticia que se cometió con los militares fallecidos y con sus familias una
fechoría mucho mayor. Algo hemos avanzado desde aquellos años donde la
desvergüenza mas absoluta se enseñoreaba en España.
El Consejo de Estado ha emitido
un dictamen condenando a Federico Trillo, que era el ministro de Defensa, es
decir, el máximo responsable de lo que sucedió. Pero, aún mas contundentes y
clarificadoras han sido las declaraciones que José Bono, el ministro de Defensa
socialista que sustituyó a Trillo, hizo el martes 3 de enero a la cadena de
televisión Cuatro. Bono manifestó que no le habían querido dar ninguna
información sobre el accidente y que buscando él mismo por los armarios encontró
facturas con pagos del Ministerio que no se correspondían ni con lo que la
compañía basura que operaba el Yakovlev había cobrado ni con el pago de un
seguro que, en realidad, no existía.
El vuelo UKM 4230 de UM Airlines,
que partió aquel fatídico 26 de mayo de 2.003, sería trágico, en el viajaban 62
militares españoles que regresaban de sus misiones en Afganistán y Kirguistán,
junto con 12 tripulantes ucranianos y un bielorruso. Varios países de la OTAN
ya habían desestimado viajar con esa compañía por las pocas garantías de
seguridad que ofrecía, a pesar de sus precios, muy por debajo de la
competencia. El Yak-42 es un magnífico avión de fabricación rusa, pero aquella aeronave
donde se metió a los militares españoles no había tenido el mantenimiento
adecuado y llevaba una tripulación no cualificada. Hasta tal punto era así que el comandante Ripollés, que falleció en
el accidente, envió a su compañero y amigo, el comandante Bendada, un correo
electrónico donde le decía que “volaban en aviones contratados a piratas aéreos”
y que “el estado de las ruedas del avión al que iban a subir daba miedo”. Así
lo manifestó el comandante Bendada al juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Grande Marlaska, que llevaba el caso.
Trillo mintió al asegurar que
desconocía el estado de las aeronaves donde se obligaba a viajar a los
militares españoles, también mintió cuando se entregaron a las familias los
restos sin analizar (en algunos féretros había restos de hasta tres cuerpos
distintos, como demostraron luego las pruebas de ADN) y mintió al asegurar que
el rey D. Juan Carlos había dicho que se agilizaran los trámites de
repatriación para celebrar los funerales cuanto antes, como desmintió el propio
rey. Pero, lo mas fuerte es lo que hemos sabido ahora, que alguien se ha
quedado con un dinero manchado de sangre, con la sangre de nuestros soldados.
Esto no puede quedar así.
Al calor del dictamen del Consejo
de Estado algunas fuerzas políticas, en concreto Unidos Podemos y el PSOE, ya
han pedido que Federico Trillo sea cesado de inmediato como embajador en su
retiro dorado en el Reino Unido (y no sirve enmascarar el cese entre los relevos de varias embajadas, ha de ser claro y explícito). Pero, aunque este es sin duda el caso mas
cruel de corrupción política, no es, ni mucho menos, una singularidad en la
gestión que el Partido Popular ha hecho durante años de los cargos públicos que
ha usufructuado, el mismo Partido Popular que sigue queriendo echar balones
fuera en este asunto. Los que han permitido que Rajoy y los suyos, con todo lo
que tienen detrás, vuelvan a gobernar España también deberían dar
explicaciones, empezando por Albert Rivera, ahora ninguneado y que ya no exige
nada. Nuestros soldados muertos sí exigen justicia.
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