CRISPACIÓN

Crispación es la palabra de moda ¡menuda moda! Yo no recuerdo una crispación política tan grande en España desde que ETA, GRAPO, El Búnker, servicios secretos extranjeros y algunos más se confabularon para acabar con Adolfo Suárez. Fue en aquel caldo de cultivo cuando Felipe González, al que algunos siguen considerando un gran estadista, llamó en el Parlamento al pobre Suárez "tahúr del Misisipi". Aquello no podía acabar bien, y acabó en el golpe de Estado de 1.981, el de verdad, el que apeó al presidente Suárez del poder, no la fantasmada de la "tejerada" ¿Cuando ha vuelto la crispación política a nuestro país? yo se lo voy a decir: la crispación política volvió cuando los de Podemos y sus confluencias obtuvieron nada menos que 72 diputados. Una cosa era tener a los socialistas para mantener el paripé y otra muy distinta tener a estos "piojosos", "perroflautas" y al "coletas". Desde lo de "tahur del Misisipi" yo nunca había escuchado insultos así. Esa bilis y esa espuma que le empezó a salir por la boca a la derecha contra Podemos se trasladó enseguida contra el PSOE (este no es nuestro PSOE, se dijo el fascio) y contra Pedro Sánchez, que quería pactar con el diablo, con Podemos. Entre todos, como contra Suárez, le montaron un golpe a Sánchez, pero esta vez les salió mal, los militantes socialistas, del partido más antiguo de España, que habían visto lo que le había pasado a toda la socialdemocracia europea, no tragaron, fueron muy inteligentes. La crispación subió entonces de nivel. Podemos no apareció porque un día Julio Anguita y Pablo Iglesias se reunieron y así lo decidieron, Podemos apareció como un instrumento de la indignación del 15-M. "Entonces nos dijeron que protestáramos menos y que nos presentáramos a las elecciones, pues bien, aquí estamos", les espetó Iglesias en el Congreso de los Diputados. La derecha no lo lleva, cuando Podemos exigía ministros y tampoco cuando no los ha exigido pero corta bacalao, y la crispación es única y exclusivamente suya, de los mismos que acabaron con Adolfo Suárez.

COMO ASESINAR A MONTESQUIEU

Yo no recuerdo un episodio judicial tan rocambolesco como al que hemos asistido estos días en el Tribunal Supremo para dar la vuelta a una sentencia de la Sala Tercera del mismo tribunal, la que obligaba a los bancos, y no a los clientes, a pagar el impuesto de las hipotecas. El escándalo está servido no tanto por el mariachi judicial, que también, como porque la gente está de uñas contra los bancos y tiene fundadas razones para ello. Los bancos llevan mucho tiempo tomando el pelo a los ciudadanos, desde metiendo comisiones a su libre albedrío en tu cuenta corriente (por ejemplo, metiendo comisiones por el uso de la tarjeta de crédito en una cuenta-nómina que no las tiene) hasta procurarse capital engañando o en connivencia con el cliente para defraudar a Hacienda (me vienen a la memoria los seguros de prima única). Lo de Las preferentes ha sido para mear y no echar gota. El sumun del hartazgo de los españoles fueron los 60.000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy nos han sacado de los bolsillos para dárselos a los bancos y tapar el gigantesco agujero provocado por las hipotecas basura relacionadas con el tinglado financiero-inmobiliario. Rajoy, de Guindos y Montoro nos contaron que ese era un préstamo que se recuperaría con intereses, pero la verdad es que no se han recuperado ni 12.000 millones de euros, porque, después de saneadas con dinero público, las Cajas de Ahorros (que eran las que tenían el agujero provocado por consejos de administración de políticos y sindicalistas) han sido casi regaladas gentilmente a la banca privada. La indignación está más que justificada.  Pero ¿de qué nos extrañamos? ¿por qué nos llevamos las manos a la cabeza? ¿no fue Karl Marx el que nos dijo, hace más de 150 años, que los bancos y las grandes corporaciones mandarían sobre los Gobiernos y sobre los Estados?

Constatada la ignominia, no es esta el objeto de mi escrito sino la utilización política, irresponsable por parte de algunos y malvada por parte de otros, de la sentencia del Tribunal Supremo, me explico: No es la primera vez que otros poderes del Estado y que algunos políticos cuestionan las decisiones judiciales, están en su derecho, como lo estamos todos, porque los jueces no están por encima del bien y del mal y cuando se equivocan hay que decírselo, lo mismo que se lo decimos al Ejecutivo y al Legislativo, los otros poderes de la tríada del Estado de Derecho, cuando la cagan, que es algo muy frecuente. El problema surge cuando, aprovechando un error o una coyuntura determinada, como el y la de ahora, hay gente interesada en aprovechar eso para arrimar el ascua a su sardina, unos sin darse cuenta de en qué aventura se están metiendo y otros siendo plenamente conscientes de que, en su lucha contra el Estado, cuestionar y/o cargarse el Poder Judicial es prioritario, porque son los que los tienen en la cárcel como presos preventivos, van a dictar sentencias que los pueden condenar a largas condenas por los graves delitos cometidos y deben velar en última instancia (Tribunal Constitucional) por el complimiento de nuestra Carta Magna.

Una cosa es criticar los errores judiciales y otra muy distinta promover manifestaciones y escraches contra las sedes de los tribunales, hacer declaraciones populistas incendiarias o manifestar que ya habían dicho ellos que los jueces españoles están vendidos o les tienen manía. Una cosa es criticar con fundamento los errores de los jueces y otra muy distinta asesinar a Montesquieu.

SI HUBO REBELIÓN

Hay gente que no lo tiene claro, pero yo creo que está clarísimo:
Artículo 472. 

    Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.