Aunque la explosión de la burbuja financiero-inmobiliaria tiene mucho que ver con las dificultades económicas que estamos padeciendo los españoles, yo estoy convencido que aún tenemos un problema mayor que, a la chita callando, ha proliferado hasta lastrar con un peso insoportable los presupuestos de las administraciones públicas, las subvenciones.
Para mí, la UE tiene tres problemas fundamentales, la falta de unión política y financiera, la excesiva burocracia y las subvenciones a grandes sectores de la economía productiva, pero lo que sucede particularmente en España es aún peor, medio país vive subvencionado sin que produzca ningún bien o servicio que se pueda vender en el mercado, así es muy difícil crear riqueza, que nuestro PIB vuelva a cifras positivas y que descienda la cifra del paro.
Si José María Aznar nos metió de cabeza en el timo del "ladrillazo", José Luis Rodríguez Zapatero no solo continuó con esa fechoría, también se dedicó a malgastar el dinero público en ayudas y subvenciones que no solo dejaron las arcas del Estado vacías, incluyendo la venta de un tercio del oro del Banco de España, sino que, además, dejaron otra herencia envenenada.
Pero, seríamos injustos si cargáramos todas las culpas de la mala gestión económica y en concreto de la loca política de subvenciones sobre los socialistas. La Ley de Dependencia y su prestación económica, por ejemplo, fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Por aquel entonces ya mostré mi desacuerdo con la medida, al tiempo que advertí que, en el país de la picaresca, esa ley era una bomba de relojería. ¿Quiere esto decir que soy de la opinión de que los muy dependientes sean abandonados a su suerte?, por supuesto que no, pero estos ciudadanos deben ser atendidos por profesionales en locales dedicados a estos fines y en su propio domicilio, lo que no es de recibo es que se cierren los centros de día, se rescindan los contratos de los empleados públicos que trabajaban en ellos y que se establezca una gigantesca red donde cientos de miles de familiares cobran del Estado por una dedicación y unos cuidados que no tienen supervisión alguna. La proliferación de solicitudes y las ya concedidas son tan gravosas para el Estado que se han erigido en un problema de primer orden.
Otro asunto sobre el que se debería abrir un amplio debate es el llamado salario social, una remuneración pensada para para los españoles en situación límite, pero que también ha proliferado hasta abarcar colectivos enteros, como los gitanos, o los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Se han creados bolsas de fraude enormes, porque mucha gente compatibiliza las ayudas con trabajos en la economía sumergida, se generan ghettos sociales o se amplía el efecto llamada a los que ven en el asalto a nuestras fronteras una garantía de supervivencia. Del PER, mejor no hablar.
Los políticos nos han vendido que la generalización de las subvenciones es una obligación moral y social, pero yo estoy convencido que su verdadera intención es asegurarse bolsas de votos.
La universalización de la Sanidad Pública, es decir, sanidad gratuita para todos, aunque no se haya cotizado ni un duro a la SS, ha tenido la previsible consecuencia que ahora ya solo sea gratuita precisamente para los que no contribuyen a su sostenimiento. Lo mismo puede suceder con las pensiones no contributivas.
La filosofía de las subvenciones se ha enquistado tanto entre nosotros que existe la creencia generalizada de que son consustanciales con el progresismo, con la sensibilidad social, cuando es todo lo contrario, porque ahogan los recursos para las inversiones, verdadera garantía de la sostenibilidad del sistema.
Naturalmente, que no se puede dejar caer por los agujeros de las alcantarillas a los económicamente mas desfavorecidos, pero hay que reorientar el gasto social hacia la economía productiva.
En el país de Alicia todo era posible, pero ahora hay que poner los pies en el suelo.
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