El conflicto catalán está
alcanzando cotas gravísimas. Sin temor a equivocarme, yo creo que lo que está
pasando en Cataluña es el problema mayor al que se enfrenta España desde la
Guerra de la Independencia contra los franceses. Mientras Rajoy, como es su
costumbre, ha ido dejando que el asunto se pudriera, con la esperanza de que se
solucionara por sí solo, los independentistas no se han relajado y han seguido
utilizando el Gobierno de la Generalitat y el dinero público que gestionan para
dar pasos inequívocos hacia la independencia. La apropiación de las listas de
los contribuyentes y la cambios organizativos en la Agencia Tributaria de
Cataluña son la prueba del nueve de que los secesionistas van en serio y que han
llegado a un punto en que no les importa lo mas mínimo ni la legalidad
constitucional ni ninguna otra que no sea la suya. Tampoco toman como creíbles, a
la vista de lo acontecido durante todos estos años, las advertencias del
Gobierno del Estado. Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, a la que Mariano Rajoy había encomendado encauzar la situación, está
desbordada y sus palabras claman en el desierto y no son tomadas en
consideración por los independentistas, estos reúnen a los cónsules extranjeros
en Cataluña para pedirles ayuda y que la separación de España no les resulte,
sobre todo económicamente, traumática. Está siendo evidente la intervención de
algunas potencias en los asuntos internos de nuestro país y como están haciendo el
caldo gordo a los secesionistas, mientras el Gobierno de España parece no
enterarse o mira hacia otro lado. A la falta de un liderazgo político fuerte
tiene que sumar ahora el PP su debilidad parlamentaria y eso, si tenemos en
cuenta que a casi todas las demás fuerzas políticas, menos Ciudadanos, les preocupa
mas la supervivencia de sus formaciones en Cataluña que la unidad de España, es
un ingrediente mas para la preocupación por lo que se nos viene encima.
Estamos en una fase del proceso
tan avanzada en que lo que se está discutiendo ya no es la legalidad o no de la
nueva consulta que quieren celebrar los secesionistas, sino de las cosas que ya
están implementando para hacer posible la ruptura, una vez que, bien amañado el referéndum
y obtenido el sí, el Parlament haga una declaración solemne de independencia.
Hasta tienen redactada la futura Constitución Catalana y diseñado su futuro
Ejército.
Los continuos llamamientos al
cumplimiento de la Ley por parte del Gobierno español se los pasan por la
entrepierna Puigdemont y los suyos, exactamente igual que las sentencias del
Tribunal Constitucional. Pero, no incumple menos la Ley el propio Ejecutivo de
Rajoy, que no aplica de inmediato el mandato constitucional, que es clarísimo para una situación como la que se está produciendo. Sin tener que recurrir al
Artículo 7, Párrafo 1, de nuestra Carta Magna, donde se otorga a las Fuerzas Armadas
la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, el Artículo 155, en
su Párrafo 1 dice: “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que
la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente
contra el interés de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de
la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por
mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar
a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección
del mencionado interés general”. Recordemos que el PP tiene mayoría absoluta en
el Senado.
La cuestión se resume en lo siguiente:
unos somos consecuentes con las obligaciones que nos impone haber jurado o prometido
la Constitución, entre ellas su defensa y la de España, y otros no. Y no perdamos
de vista que estamos ante la primera parte de un drama histórico de
consecuencias inimaginables, después irían a por los Países Catalanes. Recordemos
lo que sucedió en Yugoslavia.
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