Los independentistas catalanes
protagonizaron el martes 30 de enero la última parte de su sainete. Las caretas
que portaban con el rostro de Puigdemont ante el Parlament se parecían mucho a
las que representan a la tragedia y a la comedia del teatro, más que a las de Anonimus.
Toda Europa vio por la televisión que no era la Guardia Civil la violenta, sino
esos manifestantes “pacíficos” que querían asaltar la sede del poder del pueblo
catalán arroyando a los Mossos, eso sí, con los brazos en alto la mayoría de
ellos, aunque también los había que insultaban y tiraban piedras a la policía
autonómica. Los Mossos tuvieron que dar unos cuantos toletazos y le aseguro que
duelen exactamente igual que los de la Guardia Civil, por muy masoquista que
sea uno si el que te los da lleva la senyera en la pechera. Puigdemont no se presentó
a la investidura, ni en el maletero del coche, ni en parapente, ni en submarino,
y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado, sine díe, una nueva
sesión para elegir president, en un flagrante fraude de Ley y una tomadura de
pelo a los catalanes y a todos los españoles, la enésima, porque los
independentistas tienen mayoría y pueden presentar a quien quieran menos a un
prófugo de la Justicia.
Mientras todo esto acontecía,
parece que, como apunté tras conocer los resultados de las elecciones
autonómicas catalanas, hay conversaciones, que no me atrevo a llamar
negociaciones, aunque bien podría, entre bambalinas. Soraya Sáenz de Santamaría se ha puesto las pilas y que tenga bajo su mando al CNI, arrebatando
el control de los servicios de inteligencia a Defensa y a su competidora, María
Dolores de Cospedal, para nada es, en este asunto, una cuestión baladí. Si
controlas los trabajos en las alcantarillas tienes mucho poder y puedes conseguir muchas cosas.
Tanto los dirigentes de ERC como
Puigdemont se ha dado cuenta que el “plan de Moncloa” es el único plan viable
para formar Gobierno en Cataluña, suspender la aplicación del artículo 155 y
que, una vez puestos todos, incluidos los prófugos, en poder de la Justicia y
que haya sentencia el Gobierno de España podría ejercer el derecho de gracia e
indultar a los que seguro van a ser condenados. Que los dirigentes separatistas
purguen largos años de cárcel no interesa a nadie, pero, eso sí, el imperio de
la Ley y la Constitución tienen que prevalecer. Puigdemont ha sido el último en
enterarse, pero ya se lo ha comunicado a los suyos, incluido al exconseller
Toni Comín. Puigdemont, como le sugirió Tardá, tendrá que apartarse a un lado y
podrá volver a España para ser detenido. En Bruselas, a pesar del calor de los
fascistas flamencos, hace mucho frío.
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