Ya sabe usted que ayer el Gobierno de la pseudoizquierda aprobó la Reforma Laboral que, como todo el mundo sabe, no es mas que un brutal abaratamiento del despido, que guillotina una buena parte de los derechos históricos de los trabajadores. Pues va el ministro de Trabajo (en un país con casi cinco millones de desempleados lo deberían de llamar el ministro del paro) y nos dice que no, que la tal reforma no significa que los asalariados se vallan a la calle con menos dinero. El colmo de la desfachatez es la creación de un fondo para que sean los propios trabajadores los que se paguen una parte de su despido. Al parecer han triunfado los consejos del "gran estadista" Felipe González, "el problema se reduce a explicar las cosas bien", en Román Paladino y entre nosotros, a mentir como bellacos, ¿como esperan que este Gobierno tenga algún grado de credibilidad?. El Homo Sapiens es el único animal conocido que miente, otras especies recurren a veces a la simulación, al camuflaje o al engaño, pero la mentira es consustancial con el lenguaje complejo, el problema es cuando se adueña y prevalece sobre nuestros actos y se hace cotidiana, llegado ese punto ya no sirve para nada, la sabiduría popular lo resumió muy bien en el cuento del pastorcillo y el lobo.
El abaratamiento del despido era una pretensión empresarial que viene de antiguo. La mentalidad de la mayoría de los empresarios, que son tradicionalmente de derechas, les impide tener muchas veces una visión amplia de sus propios problemas. Cuando la empresa va mal, como sucede ahora en muchas de ellas, con caída de la facturación y pérdida de rentabilidad, se saca la tijera del armario y se empieza por reducir gastos. No seré yo el que diga que los empresarios no tienen ninguna sensibilidad social y que les importa un pimiento la situación en que pueden quedar los despedidos, ajustan plantillas porque no tienen mas remedio y recurren a la extinción de contratos en último extremo. Pero están equivocados y tampoco la CEOE, como los sindicatos, han cogido al Gobierno por el cuello. La racionalización del gasto en época de crisis, cuando se hace a costa de los salarios y del empleo, tiene consecuencias catastróficas porque no es una singularidad, no lo hacen unas pocas empresas, se extiende como una mancha de aceite y se generaliza, el resultado es el aumento del paro, es decir, mas gastos sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. ¿A quién vamos a vender nuestros productos?, tendrían que preguntarse. Lo diremos por enésima vez, fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores la principal causa de la crisis y lo que provocó la hecatombe de las hipotecas "subprime". Es infantil empecinarse en el error. Los gobiernos y los poderes económicos pretenden salir de la crisis, que ellos mismos han creado, exprimiendo a los ciudadanos y a las empresas como limones, con subidas de impuestos, de tasas, de la energía, etc, mientras por otro lado se reducen los ingresos de la gente y de los negocios, es un coctel explosivo.
En una economía de mercado, aunque parezca una paradoja, las subidas de impuestos muchas veces no logran una mayor recaudación, todo lo contrario, porque atentan directamente contra la capacidad de compra de los ciudadanos y la competitividad de las empresas. Tiene razón Montoro y el PP en este asunto y se equivocan muchos otros porque, en la coyuntura económica en que nos encontramos, subir los impuestos no es de izquierda. Si lo es entrar a saco en la economía sumergida (que supone un 23% de PIB) y en el fraude fiscal, pero las iniciativas gubernamentales y de la progresía no parecen ir por ese camino.
Puede que usted, como yo, ya esté convencido que es en las administraciones públicas, con sus despilfarros, donde está el problema. La España de las autonomías se ha convertido en un Estado donde una gran parte de los recursos se gestionan de forma descentralizada y sin un control fácilmente fiscalizable. Durante años, las CC AA han malgastado los impuestos de los ciudadanos en partidas que, si fueran analizadas pormenorizadamente, causarían mas de un escándalo, además han recurrido imprudentemente a la deuda para financiar sus desvaríos. En los ayuntamientos pasa tres cuartos de lo mismo. Otro problema grave que tenemos es el de la sanidad. La universalización de las prestaciones por ley, es decir, que los servicios sanitarios sean gratis incluso para los que, teniendo ingresos, no cotizan a la Seguridad Social o que una parte de los jubilados, con buenas pensiones, no paguen los medicamentos, es un bomba de relojería para las arcas autonómicas. Eso no puede continuar así, porque ni es racional, ni, porque está poniendo en peligro los pilares del Estado de Bienestar, es de izquierdas.
Todo ese dinero debe ir a los bolsillos de los ciudadanos y al crédito para las empresas, si de verdad queremos encarar la crisis.
El abaratamiento del despido era una pretensión empresarial que viene de antiguo. La mentalidad de la mayoría de los empresarios, que son tradicionalmente de derechas, les impide tener muchas veces una visión amplia de sus propios problemas. Cuando la empresa va mal, como sucede ahora en muchas de ellas, con caída de la facturación y pérdida de rentabilidad, se saca la tijera del armario y se empieza por reducir gastos. No seré yo el que diga que los empresarios no tienen ninguna sensibilidad social y que les importa un pimiento la situación en que pueden quedar los despedidos, ajustan plantillas porque no tienen mas remedio y recurren a la extinción de contratos en último extremo. Pero están equivocados y tampoco la CEOE, como los sindicatos, han cogido al Gobierno por el cuello. La racionalización del gasto en época de crisis, cuando se hace a costa de los salarios y del empleo, tiene consecuencias catastróficas porque no es una singularidad, no lo hacen unas pocas empresas, se extiende como una mancha de aceite y se generaliza, el resultado es el aumento del paro, es decir, mas gastos sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. ¿A quién vamos a vender nuestros productos?, tendrían que preguntarse. Lo diremos por enésima vez, fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores la principal causa de la crisis y lo que provocó la hecatombe de las hipotecas "subprime". Es infantil empecinarse en el error. Los gobiernos y los poderes económicos pretenden salir de la crisis, que ellos mismos han creado, exprimiendo a los ciudadanos y a las empresas como limones, con subidas de impuestos, de tasas, de la energía, etc, mientras por otro lado se reducen los ingresos de la gente y de los negocios, es un coctel explosivo.
En una economía de mercado, aunque parezca una paradoja, las subidas de impuestos muchas veces no logran una mayor recaudación, todo lo contrario, porque atentan directamente contra la capacidad de compra de los ciudadanos y la competitividad de las empresas. Tiene razón Montoro y el PP en este asunto y se equivocan muchos otros porque, en la coyuntura económica en que nos encontramos, subir los impuestos no es de izquierda. Si lo es entrar a saco en la economía sumergida (que supone un 23% de PIB) y en el fraude fiscal, pero las iniciativas gubernamentales y de la progresía no parecen ir por ese camino.
Puede que usted, como yo, ya esté convencido que es en las administraciones públicas, con sus despilfarros, donde está el problema. La España de las autonomías se ha convertido en un Estado donde una gran parte de los recursos se gestionan de forma descentralizada y sin un control fácilmente fiscalizable. Durante años, las CC AA han malgastado los impuestos de los ciudadanos en partidas que, si fueran analizadas pormenorizadamente, causarían mas de un escándalo, además han recurrido imprudentemente a la deuda para financiar sus desvaríos. En los ayuntamientos pasa tres cuartos de lo mismo. Otro problema grave que tenemos es el de la sanidad. La universalización de las prestaciones por ley, es decir, que los servicios sanitarios sean gratis incluso para los que, teniendo ingresos, no cotizan a la Seguridad Social o que una parte de los jubilados, con buenas pensiones, no paguen los medicamentos, es un bomba de relojería para las arcas autonómicas. Eso no puede continuar así, porque ni es racional, ni, porque está poniendo en peligro los pilares del Estado de Bienestar, es de izquierdas.
Todo ese dinero debe ir a los bolsillos de los ciudadanos y al crédito para las empresas, si de verdad queremos encarar la crisis.
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