La Justicia Española está
actuando muy bien en el proceso catalán, no solo siempre ajustada a Derecho,
también de forma inteligente, pues no es la primera vez que en nuestro país
hemos visto que estos dos conceptos no siempre van juntos. Es totalmente lógico
que el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, el que fuera Conseller
de Interior, Joaquim Forn y los exlíderes de la ANC y Ómniun Cultural, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart, sigan en prisión, porque no solo fueron los principales
responsables de toda la estrategia del golpe, incluidos los medios materiales y
humanos para llevar adelante la pantomima de referéndum del 1-O, en base a la
que luego los independentistas declararon la independencia en el Parlament,
también fueron actores principales en las manifestaciones pseudopacíficas donde
se acosó a la Policía y la Guardia Civil y se destrozaron tres vehículos de la
Benemérita, vehículos, conviene recordarlo, que estaban siendo usados para una
cumplir con un registro ordenado por la autoridad judicial en la Consellería de
Economía y en cuyo interior había documentos y armas largas. Pero, los que
siguen en prisión preventiva no solo han cometido delitos muy graves, su
intención era persistir en ellos y no han sido capaces de convencer al juez
Llarena de lo contrario, por mucho que los abogados de la defensa manifestaran
que acatarían la Constitución y la aplicación en Cataluña del artículo 155 de
la Constitución, un fraude de Ley y una burda mentira para salir de la Cárcel
de Estremera y seguir delinquiendo. Pero, donde el juez Llarena se ha sublimado
es cuando ha anulado la euroorden de detención que pesaba sobre Puigdemont. El
expresident y sus secuaces habían escogido Bélgica para su huida tras el
fracaso del golpe de Estado por dos razones: por un lado porque el Ejecutivo
Belga está cogido por la entrepierna por los separatistas flamencos y estos
impresentables son aliados estratégicos de los exmiembros del Gobern, cenas de
compadres incluidas, y por otro porque la legislación Belga es la más favorable
de toda Europa no solo para dilatar en el tiempo la extradición a España, eso
no es lo más importante, sino para que si Puigdemont es finalmente detenido y
extraditado a España no pueda ser juzgado por los delitos de sedición y
rebelión, que se castigan con penas de hasta 30 años de prisión. La decisión
del juez del Tribunal Supremo que lleva el caso condena a Puigdemont al exilio en
Bélgica o a regresar a España y enfrentarse a las graves acusaciones y delitos
que pesan contra él. Sin embargo, los independentistas dicen estar encantados
con la decisión de Llamena porque eso significa que Puigdemont y los suyos
podrán salir de Bélgica e ir a Francia y montar desde allí, muy cerca de casa,
sus numeritos, y su sede del gobierno en el exilio. Otra vez mienten como
bellacos, porque saben perfectamente que con Francia bromas las justas, por eso
se han olvidado sospechosamente, por ejemplo, de seguir reivindicando la
soberanía catalana de El Rosellón.
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