Si pensábamos que, en el sainete
catalán, ya lo habíamos visto todo y que era ya muy difícil sorprendernos con más triples saltos mortales con tirabuzón, estábamos completamente
equivocados. Cuando hasta los independentistas más recalcitrantes encarcelados
acatan el artículo 155 de la Constitución, van los de Podemos, que mejor se
dedicaban a protestar por el enésimo “tarifazo eléctrico”, ya que es una de las
pocas fuerzas políticas que tiene autoridad moral para hacerlo, y recurren la
aplicación de ese artículo en Cataluña. El artículo 155 dice muy clarito cuando
hay que aplicarlo y a la gente seria nos gusta cumplir lo que juramos o
prometemos.
Pero, las bobadas a que
últimamente nos tienen acostumbrados Podemos e Izquierda Unida, y que no
comparten la inmensa mayoría de sus militantes y votantes, no son nada comparadas con las
cosas que dicen los dirigentes de ERC, que han desbordado a los anarquistas de
la CUP no por la izquierda sino por la pérdida del juicio. Si las palabras de
Marta Rovira sobre los muertos y la sangre en las calles y sobre que ellos no
querían una independencia unilateral ya eran patrañas surrealistas, los
conspicuos republicanos dicen ahora que temen que, si los resultados del 21D no
satisfacen los deseos de los partidos constitucionalistas, pueda haber un “pucherazo”
electoral. Hay que tener mucha caradura y muy mala uva para decir algo así en España y, además, que lo digan precisamente los que organizaron la pantomima de referéndum, sin garantías de ningún tipo, del 1-0, una consulta en base a la cual declararon la independencia de Cataluña, ya es de traca.
El sistema electoral catalán, que
va a regir en las elecciones autonómicas, es exactamente el mismo que el que
funciona en el Estado, porque los independentistas no han sido capaces o no han
querido hacer una ley electoral distinta para Cataluña. Como todo el mundo
sabe, no es el Gobierno de ninguna comunidad autónoma ni el Gobierno de España
los que hacen el recuento electoral y firman las actas, sino que es el
presidente de la mesa electoral y sus dos vocales, designados por sorteo entre
la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa
correspondiente, los que cuentan los votos y los llevan al juzgado para que un
juez, independiente, por supuesto, firme las actas con el número de votos obtenidos
por cada candidatura. Pero es que, además, todas las fuerzas políticas que
concurren a los comicios tienen derecho a tener sus propios apoderados,
perfectamente identificados, en las mesas electorales y hacer su propio
recuento de los votos y eso es una práctica habitual en todas las elecciones que
se celebran en España y funciona hasta el punto de que los partidos políticos
suelen saber los resultados electorales antes de que los anuncie el portavoz
del Gobierno. Por si estas garantías no fueran suficientes, las encuestas a pie
de urna que hacen las empresas de demoscopia, que nada tienen que ver con los
Gobiernos, afinan tanto que difieren muy poco de los resultados finales. En
España ha habido muchas elecciones desde la Transición Democrática y nunca
ninguna fuerza política ha puesto en duda la credibilidad y limpieza de los
resultados electorales, a pesar de que hubo algún partido político, como UCD,
que en las elecciones generales de 1.982 perdió nada menos que 155 escaños y se
quedó solo con once diputados o Podemos, que en las generales de 2.015, a las
que se presentaba por primera vez, obtuvo 69 asientos en el Congreso de los
Diputados. Los independentistas catalanes siguen mintiendo, delirando y
enfangándolo todo, curándose ya en salud por si los resultados de las elecciones
catalanas del 21D no se ajustaran a sus deseos.
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