Ayer entró en vigor la nueva Ley del Aborto que, como usted sabe, introduce varias novedades como que la mujer no puede ser penada con cárcel aunque aborte fuera de los plazos establecidos, que se podrá abortar libremente en las primeras catorce semanas de embarazo (tres meses) o que, entre otras coartadas, si hay peligro para la salud de la madre se podrá ampliar el plazo para abortar hasta las 22 semanas (cinco meses), además los gastos de la intervención, medicación, estancia hospitalaria (si fuera necesario), etc, correrán a cargo del Sistema Público de Salud. Al parecer no eran suficientes los tres supuestos de la anterior Ley, sobre todo porque a raíz del escándalo de las trituradoras de fetos de hasta seis meses en Barcelona, fue evidente que médicos carniceros y madres inconscientes no tenían la suficiente seguridad jurídica.
Hay varios recursos ante el Tribunal Constitucional que están pendientes por lo que la nueva Ley pudiera sufrir recortes o incluso ser declarada inconstitucional. Hay apartados, algunos ya existían en la Ley anterior, que encajan difícilmente en la Carta Magna, uno es que se soslaya la figura y la opinión del padre, otro que, en fetos viables (ya han sobrevivido bebés con poco mas de 4 meses) atenta frontalmente contra el derecho a la vida.
Sin perdernos en tecnicismos y a la vista de lo que pasó con la anterior norma, lo lógico es que siga habiendo un fraude de ley que haga que el supuesto de "peligro para la salud de la madre" permita practicar abortos en embarazos muy avanzados sin que tenga consecuencias penales ni para la madre ni para los, califíquelos usted, individuos que los ejecuten.
También resulta curioso que adolescentes con 16 años, que no tienen, por ejemplo, derecho al voto, puedan tomar por su cuenta una decisión que puede afectar muy seriamente su salud psíquica, sin contar las consecuencias irreversibles para el inocente feto, claro.
También resulta llamativo que, a pesar de las dificultades que están sufriendo las arcas públicas y de que continuamente se llama a los ciudadanos al sacrificio, sea el Estado, es decir, todos nosotros, los que sufraguemos los gastos de las interrupciones de embarazo, incluidas las de inmigrantes ilegales empadronadas. Cuando se está empezando a hablar de copago para que no quiebre el Sistema Público de Salud, se introduce una nueva sangría cuyas consecuencias económicas se verán a corto plazo, baste decir que los abortos se van a realizar en clínicas privadas, pagadas con dinero público, cuyas tarifas oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros y de que el número de abortos en España, que ahora crecerán aún más, está en torno a los 130.000 anuales. Además, no son de conocimiento ciudadano las condiciones en que se otorgan esos conciertos, ni existen concursos o licitaciones, solamente sabemos que hay un gran negocio en todo este asunto.
La pseudoizquierda en este tema, como en otros, tiene un discurso y unas respuestas elaboradas. Al que no está de acuerdo con sus tesis le ponen la etiqueta de facha, católico recalcitrante, xenófobo o racista. Cualquier epíteto, cualquier calificativo malintencionado puede servir para amedrentar a la gente. Pero esa estrategia no sirve para todos, se lo aseguro, mas si para nada se está en esas órbitas, mas bien todo lo contrario.
Otra vez al Tribunal Constitucional le han puesto una patata caliente y una vez más empiezan a cuestionarlo con la esperanza de que la presión surta algún efecto. Mientras el Alto Tribunal decide, las comunidades autónomas, todas, deben cumplir la ley, por aberrante que sea, otra cosa es que los verdaderos profesionales de la medicina, los que han asumido un código deontológico donde sobresale la defensa de la vida, ejerzan la objeción de conciencia que contempla la propia Ley y que algunos recurramos al derecho al pataleo cuando se utilizan nuestros impuestos para cosas con las que en absoluto estamos de acuerdo.
NOTA: Las fotos corresponden a fetos abortados de 22, 14 y 8 semanas respectivamente y, sí, las hemos puesto para herir su sensibilidad. Establezca usted mismo los plazos y límites a la barbarie.
Hay varios recursos ante el Tribunal Constitucional que están pendientes por lo que la nueva Ley pudiera sufrir recortes o incluso ser declarada inconstitucional. Hay apartados, algunos ya existían en la Ley anterior, que encajan difícilmente en la Carta Magna, uno es que se soslaya la figura y la opinión del padre, otro que, en fetos viables (ya han sobrevivido bebés con poco mas de 4 meses) atenta frontalmente contra el derecho a la vida.
Sin perdernos en tecnicismos y a la vista de lo que pasó con la anterior norma, lo lógico es que siga habiendo un fraude de ley que haga que el supuesto de "peligro para la salud de la madre" permita practicar abortos en embarazos muy avanzados sin que tenga consecuencias penales ni para la madre ni para los, califíquelos usted, individuos que los ejecuten.
También resulta curioso que adolescentes con 16 años, que no tienen, por ejemplo, derecho al voto, puedan tomar por su cuenta una decisión que puede afectar muy seriamente su salud psíquica, sin contar las consecuencias irreversibles para el inocente feto, claro.
También resulta llamativo que, a pesar de las dificultades que están sufriendo las arcas públicas y de que continuamente se llama a los ciudadanos al sacrificio, sea el Estado, es decir, todos nosotros, los que sufraguemos los gastos de las interrupciones de embarazo, incluidas las de inmigrantes ilegales empadronadas. Cuando se está empezando a hablar de copago para que no quiebre el Sistema Público de Salud, se introduce una nueva sangría cuyas consecuencias económicas se verán a corto plazo, baste decir que los abortos se van a realizar en clínicas privadas, pagadas con dinero público, cuyas tarifas oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros y de que el número de abortos en España, que ahora crecerán aún más, está en torno a los 130.000 anuales. Además, no son de conocimiento ciudadano las condiciones en que se otorgan esos conciertos, ni existen concursos o licitaciones, solamente sabemos que hay un gran negocio en todo este asunto.
La pseudoizquierda en este tema, como en otros, tiene un discurso y unas respuestas elaboradas. Al que no está de acuerdo con sus tesis le ponen la etiqueta de facha, católico recalcitrante, xenófobo o racista. Cualquier epíteto, cualquier calificativo malintencionado puede servir para amedrentar a la gente. Pero esa estrategia no sirve para todos, se lo aseguro, mas si para nada se está en esas órbitas, mas bien todo lo contrario.
Otra vez al Tribunal Constitucional le han puesto una patata caliente y una vez más empiezan a cuestionarlo con la esperanza de que la presión surta algún efecto. Mientras el Alto Tribunal decide, las comunidades autónomas, todas, deben cumplir la ley, por aberrante que sea, otra cosa es que los verdaderos profesionales de la medicina, los que han asumido un código deontológico donde sobresale la defensa de la vida, ejerzan la objeción de conciencia que contempla la propia Ley y que algunos recurramos al derecho al pataleo cuando se utilizan nuestros impuestos para cosas con las que en absoluto estamos de acuerdo.
NOTA: Las fotos corresponden a fetos abortados de 22, 14 y 8 semanas respectivamente y, sí, las hemos puesto para herir su sensibilidad. Establezca usted mismo los plazos y límites a la barbarie.
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