LA INMIGRACION EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Ha causado alguna sorpresa que el PP haya sacado el tema de la inmigración en la campaña electoral de Cataluña, sin embargo, es una realidad incuestionable que la inmigración, según lo ponen de manifiesto reiteradamente las encuestas del CIS, constituye para los ciudadanos uno de los principales problemas de España. Pero, siendo así, no es igual en todas partes ni en todas las comunidades. En algunas ciudades y pueblos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla, etc, también en la propia capital del Estado, Madrid, la población inmigrante es tan alta y genera tantos problemas de integración y convivencia que los autóctonos están alarmados. Si bien hay algunos colectivos, principalmente los iberoamericanos, que, por tener un idioma y cultura común consiguen un mayor grado de convivencia y entendimiento con los españoles (muchos están, incluso, en nuestras Fuerzas Armadas) otros, como los magrebíes, subsaharianos, chinos, paquistaníes, etc, aunque siempre hay excepciones, tienen una vida aparte y construyen ghettos, a veces barrios enteros, dentro de nuestras propias ciudades. Este no es un problema solo español, también pasa en otras partes de Europa, como Francia y Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, se ha atrevido a manifestarlo estos días, proclamando que las políticas de integración habían sido un estrepitoso fracaso. Queremos dejar sentado que la defensa de nuestra propia cultura es, como mínimo, tan legítima como las de los demás y que en un país con casi cinco millones de parados no se puede entender que tengamos seis millones de inmigrantes.
Pero, el nuevo giro dado por el PP en el tema de la inmigración es puro oportunismo. Durante los gobiernos de José María Aznar el flujo migratorio hacia España fue muy abundante, sobre todo desde el Norte de Africa, la llegada de pateras y polizones era constante. ¿Porqué no se hacía nada para impedirlo?, seguramente porque subidos a lomos de la burbuja inmobiliaria y con una economía en crecimiento se necesitaba mano de obra, no porque en España no existiera, sino para introducir un elemento que corrigiese a la baja el incremento de los salarios, era mano de obra barata. En un mercado de trabajo tan retraído como el que ahora padecemos, no debe extrañar que los trabajadores españoles consideren a los inmigrantes sus competidores. A pesar de los millones de parados españoles registrados, son cientos de miles los inmigrantes que trabajan y que siguen siendo contratados, la mayoría porque están dispuestos a hacerlo por sueldos de miseria.
Con el PSOE en el poder el problema se agravó. Con la entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE (aunque, en teoría, los trabajadores de estos países no podían emigrar hasta pasados dos años) ingentes cantidades de ciudadanos de esos estados entraron en España. Sin control fronterizo alguno, llegaban continuamente autobuses cargados de gente. También comenzó una nueva ruta, la de los cayucos procedentes de Africa Occidental que, por docenas, llegaban a Canarias y luego eran repartidos, transportados en aviones, por toda la Península. Zapatero respondió con regularizaciones masivas, lo que provocó el "efecto llamada".
El mayor problema con que nos encontramos es que la mayor parte de los inmigrantes que hay en España son ilegales, trabajan en la economía sumergida y en actividades al margen de la ley (es muy típico observar, sin que la policía actúe, y sin que la ministra González-Sinde diga nada, como se venden artículos falsificados o copias piratas de discos compactos) o, como los gitanos rumanos, viven de la mendicidad o el robo (no es justo crucificar al presidente francés, Sarkocy, porque en Francia siempre ha vivido una amplia comunidad gitana que, eso sí, cumplía con las leyes del Estado). Solo en el negocio de la prostitución hay cerca de 400.000 mujeres, la mayoría inmigrantes indocumentadas. Esta situación genera problemas de seguridad y control, pero también una distorsión en la financiación de los servicios sociales. Millones de personas, que tienen ingresos pero no cotizan, disfrutan de sanidad gratuita y tienen prioridad para toda clase de ayudas asistenciales. También hay un agravio comparativo con los españoles, que tienen que pagar sus impuestos y que pueden ser multados si, por ejemplo, no llevan encima el DNI.
No nos gusta la utilización política de la inmigración, ni la que esta haciendo el PP en Cataluña, ni la del Gobierno socialista empadronando ilegales, incluso sin domicilio fijo, para que puedan votar en las elecciones municipales. Hacen falta acuerdos entre los principales partidos para dar una solución al problema, que solo pueden pasar por el respeto a las leyes y al Estado de Derecho.