Otra vez vuelve a sonar, ahora con mas fuerza, la posibilidad de que la Fiscalía pacte con los procesados por el escándalo de corrupción en la Consejería del Cultura del Gobierno que presidía Areces. Se habla de que Marta Renedo, la alta funcionaría implicada, aceptaría 6 años de prisión y que la condena a María Jesús Otero, la ex-directora general, sería de dos años. Los empresarios que pagaban los sobornos serían condenados a solo un año. José Luis Iglesias Riopedre, el ex-consejero de Cultura y su abogado, Sergio Herrero, de momento, siguen estrategias diferentes. Es lógico que los acusados intenten eludir, o al menos minimizar, las penas, pero lo que carece de toda lógica es que el ministerio público entre al trapo de un acuerdo a cambio de la confesión de unos procesados que llevan mucho tiempo mintiendo como bellacos y, lo que es mas importante, cuando el juez que lleva el caso, Ángel Sorando, ya está finalizando una brillante y trabajosa instrucción donde las pruebas contra los implicados son abrumadoras. Hace cuatro meses ya hubo una intentona parecida, pero la acusación particular que ejercía el Bloque por Asturias no estuvo de acuerdo con el tejemaneje y se echó atrás.
Uno de los trasfondos del asunto parece ser la estrategia, muy en boga últimamente, que se ha planteado la defensa de Marta Renedo, disparando por elevación contra los mas altos cargos del Gobierno que presidía Areces. Han empezado con Ana Rosa Migoya, pero no se sabe hasta donde podrían llegar.
Cada vez parece mas claro que lo que se intenta es que los responsables políticos de la trama, Otero y Riopedre, no ingresen en prisión, porque eso sería un duro golpe para la FSA y para su secretario general, Javier Fernández, ahora también presidente del Principado, y que Marta Renedo y los empresarios implicados salgan lo mas favorecidos posible para que no se vayan de la lengua.
Pero, la Fiscalía ha tenido últimamente algunas actuaciones que han llamado mucho la atención, por lo desequilibradas, como poner al diputado y portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, a los pies de los caballos por unas irregularidades administrativas menores y mirar para otro lado ante fechorías de un calado mayúsculo, como, por ejemplo, la falsificación de documentos, que se enviaron a Bruselas para obtener subvenciones, de una segunda fase de ampliación del puerto de El Musel inexistente.
La ciudadanía, que están siendo castigada sin piedad, ya tiene el cuchillo entre los dientes y quiere que los responsables de lo que nos está pasando purguen sus culpas a la sombra, por eso los asturianos no van a tragar con mas componendas, mamoneos o pactos inadmisibles.
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