Con la admisión a trámite de la querella presentada por Izquierda Unida, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, pone el dedo en la llaga del verdadero meollo del caso Bárcenas, es decir, quienes fueron los donantes del dinero que ingresó el Partido Popular y si obtuvieron algo a cambio.
El asunto del ex-tesorero del PP trae por el valle de la amargura a Rajoy y su Gobierno y sobre todo a María Dolores de Cospedal que, como secretaria de Organización, ha tenido que dar la cara por los demás desde que estalló el escándalo. Aunque el presidente la ha arropado, ya hay gente en el PP que tiene una opinión negativa de como se han llevado las cosas o que quieren aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para arrimar el ascua a su sardina, me estoy refiriendo, naturalmente, a la conspiradora mayor del reino, Esperanza Aguirre, que incluso llamó imbécil a Cospedal, por dos veces, en una reunión de la dirección del PP de Madrid.
Hasta ahora el PP había intentado ganar tiempo negándolo todo y diciendo que ni tenía ya relación alguna con Bárcenas ni sabían nada de los 22 millones de euros localizados en Suiza, pero la creencia de que otros acontecimientos fueran dejando en un segundo plano este escándalo y que los conspicuos populares pudieran salvar la cara se ha desvanecido ante la toma en consideración del juez Bermúdez, que no ha perdido un minuto en pedir los nombres de los donantes y ver si coinciden con adjudicaciones de obras y jugosos contratos con la Administración de empresas a su nombre.
Mientras los partidos mayoritarios siguen mareando la perdiz con la corrupción instalada en su propio seno y son incapaces de acometer una auténtica catarsis que regenere la vida pública, la coalición roji-verde ha actuado de la única forma realmente efectiva, dejando en manos de la Justicia el asunto.
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