¿VOLVER A APLICAR EL ARTÍCULO 155?

Ante la situación de deterioro político, institucional y social en Cataluña y ante la evidencia de que los independentistas catalanes, a pesar de contar solo con el 47% de los votos de la población, continúan adelante con sus maniobras golpistas, que incluyen el apoyo explícito del propio presidente de la Generalitat a la guerrilla, urbana (los CDR) la financiación con dinero público de los entes que agitan la secesión (Ómnium Cultural y la ANC, entre otros) el mantenimiento de las embajadas en el extranjero y la creación de otras nuevas y la organización de una segunda parte del golpe que ya intentaron tras la pantomima de referéndum del 1-O, es obligado que el Gobierno de España y todas las fuerzas políticas que defienden la Constitución, el Imperio de la Ley y el Estado, se pongan de acuerdo para aplicar otra vez el Artículo 155, pero esta vez en serio, no de forma light.

Nos equivocamos los que pensamos que, tras las elecciones autonómicas catalanas, los independentistas, al menos ERC, al no obtener ni siquiera el 50% de los votos populares, recapacitarían y volverían a los cauces legales, al menos por un tiempo, pero, no solo no ha sido así, el nombramiento por Puigdemont como presidente delegado de un impresentable como Qim Torra, cuyos artículos y declaraciones ponen los pelos como escarpias a cualquier persona cabal y no se diferencian en nada de las de los nazis, el cierre en la práctica del Parlament y la constatación de que las únicas iniciativas políticas del Gobierno de la Generalitat y de los partidos independentistas son atacar a España y preparar un nuevo golpe de Estado, no solucionar los problemas de los catalanes, no deja más salida que volver a aplicar la Ley y la Constitución en Cataluña. En efecto, desde su exilio dorado en Waterloo, Puigdemont y sus secuaces no tienen otra cosa que hacer que conspirar contra el Estado Español y preparar concienzudamente nuevas actuaciones delictivas. Los independentistas no tienen presos políticos, no hay presos políticos en un Estado Democrático de Derecho como es España, tienen políticos en prisión preventiva porque sus compañeros de correrías, prófugos de la Justicia, huyeron al extranjero. Que no echan la culpa a los jueces, la culpa es exclusivamente suya. Todavía hay gente que pone en duda las acusaciones de sedición y rebelión, pero, por si una declaración de independencia y todo lo que hubo alrededor no hubiera sido suficiente, los independentistas quieren recabar apoyos para que expulsen a España de la UE (hasta ese punto llega su delirio) y ya han manifestado que esperan seguir la línea eslovena para la “desconexión con España”, es decir, la misma línea de la desintegración de Yugoslavia, en este sentido, Torra ya ha advertido a los catalanes que las consecuencias de llegar hasta el final “van a ser dramáticas”.

Si hemos llegado hasta esta situación ha sido por el oportunismo político y el cortoplacismo de las principales fuerzas políticas del Estado, que durante decenios se han preocupado más por el poder que por España y a cambio de un puñado de votos nacionalistas han estado alimentando un monstruo. Pero, es que ahora, cuando la situación ya es extremadamente grave, siguen con sus poliquiterías y con sus irresponsabilidades. Los que más deberían defender el Estado, las izquierdas, han estado coqueteando con los independentistas y cuando ven que han caído estrepitosamente en las elecciones autonómicas catalanas (después también en las andaluzas) han ofrecido salidas, incluido el indulto, a los que están ya en otra cosa. Los independentistas ya dicen claramente que no les sirve un nuevo Estatut (que podría volver a ser anticonstitucional por darles privilegios fiscales y políticos respecto a otras CC AA) que en su hoja de ruta ya solo contemplan la independencia. La hipocresía de nuestros políticos es monumental, el PP exige al Gobierno de Sánchez que se aplique otra vez el Artículo 155 de la Constitución, cuando son ellos, los del PP, los que tienen mayoría absoluta en el Senado. La primera iniciativa para la aplicación del Artículo 155 debería ser del Gobierno, pero, es la mayoría absoluta del Senado la que finalmente, “si el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma no es atendido” decide.