LA INSUMISIÓN NACIONALISTA

Me viene ahora a la memoria el asunto de la insumisión que practicaron algunos para no hacer el servicio militar obligatorio. Aunque una buena parte de la progresía la aplaudió y dio cobertura, yo nunca estuve de acuerdo con que alguien se saltara la Ley a la torera y lograra salirse con la suya. No se trataba de no hacer el servicio de armas por ser pacifistas (a muchos insumisos les encantaban las películas de Rambo), para eso ya estaba la objeción de conciencia, tampoco se querían hacer los servicios sociales que se ofrecían como alternativa a la “mili”. La izquierda, incluido el PCE, cuya Comisión Nacional de Defensa  presidía José Luis Buhigas, abogó por la profesionalización de las Fuerzas Armadas, algo que, de ello podríamos hablar largo y tendido, ni es de izquierda (son los pobres y los inmigrantes los que van a las guerras que organizan los ricos) ni es eficaz para garantizar el mandato constitucional; pero esta es otra historia.

La insumisión, entendida como una forma de pasarse las leyes por la entrepierna, ha proliferado mucho en España desde el restablecimiento de la democracia, porque algunos han confundido la libertad con hacer lo que les venga en gana. La falta de voluntad política en hacer cumplir las normas establecidas por los propios legítimos representantes de los ciudadanos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y los escasos medios que se han proporcionado a la Justicia, han sido un buen caldo de cultivo para que los delitos de todo tipo crecieran como hongos, contaminando a una buena parte de la sociedad, políticos incluidos. Si a los ciudadanos del país de la picaresca se les permite el libre albedrío legal te cargarás el Estado de Derecho.

Pero, hemos llegado a una cota tal que ya no solo es la gente de a pie la que piensa que la Ley está para incumplirla, hace tiempo que los partidos políticos y las instituciones se han apuntado a la labor. En estos momentos en algunas comunidades autónomas la insumisión de sus Gobiernos es un hecho. En el País Vasco se quería pagar la extra de Navidad a los funcionarios, pero en Cataluña van mucho mas lejos, Gobierno y una buena parte de la oposición se unen para decir al ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que no piensan cumplir las leyes del Estado si obligan a impartir la educación en castellano a quién lo solicite y, además, ya han establecido un calendario para hacer una consulta soberanista al margen del ordenamiento constitucional.

Podemos suponer lo que pasaría en EE UU si el Gobernador de Texas, por muy sureño que sea, se negara a cumplir las leyes federales o las órdenes del presidente Obama, pero podríamos poner también como ejemplo a Rusia, Alemania y otros Estados muy descentralizados e incluso a esos países que algunos llaman repúblicas bananeras.

Pero, aquí, en la tierra de los Reinos de Taifas, se dice ante las cámaras no no se piensa cumplir la Ley y no pasa nada. No se trata de si estamos de acuerdo o no con lo que aprueban las mayorías parlamentarias que los propios ciudadanos hemos votado, es que, en democracia, las leyes hay que cumplirlas, sin que esto impida la discrepancia y la protesta, en el Congreso de los Diputados o en la calle.

Los verdaderamente peligrosos para la supervivencia del Estado de Derecho y de la democracia que tanto trabajo costó construir no son estos nuevos insumisos sino los que, pusilánimes, les consienten que hagan apología pública de la burla a la Constitución y a la legalidad vigente sin que se tomen las medidas necesarias para impedirlo y evitar que se repita.