Sin duda, la negociación con ETA y decir que aceptaría todo lo que aprobara el parlamento de Cataluña, han sido las decisiones mas graves que el presidente Zapatero ha tomado desde que nos gobierna. Sabemos que otros también han negociado con los terroristas y les han hecho "el caldo gordo" a los nacionalistas. Por supuesto que, en este país, la irresponsabilidad no es algo exclusivo de los socialistas, pero el PSOE la ha sublimado. Las alegrías con el dinero público, la desastrosas políticas energéticas e industriales, las agresiones al medio ambiente (España es uno de los pocos países de la UE que ha autorizado los transgénicos) la privatización de las Cajas de Ahorros (la están poniendo en marcha), etc, son un rosario interminable de fechorías que nos afectan a todos. Hay algunas sobre las que la ciudadanía está poco informada pero que si fueran debatidas en los medios causarían un escándalo, por ejemplo, la difícil situación financiera en la que se ha dejado a AENA y su privatización, tras la que se encuentran intereses personales de mas de un ministro.
Las presiones al Tribunal Constitucional no cesan. A los nacionalistas solo les interesa que la Justicia dé por válidas sus pretensiones, bajo la coartada de exigencia de imparcialidad. Seamos claros, el Tribunal Constitucional debe ser parcial en el sentido del respeto y de hacer valer la Ley de Leyes, la Constitución, aprobada en 1.978 por referéndum nacional. Ni el señor Montilla, ni el señor Artur Mas, ni el presidente Zapatero, ni siquiera el rey, ni sus directrices ni sus órdenes, pueden prevalecer sobre La Carta Magna, tampoco lo que decidan los parlamentos autonómicos o central. Es decir, la Constitución y, en último término, la soberanía popular que emana de todos los españoles, es el mandato de mayor rango. Los parlamentarios son nuestros representantes por delegación, no podríamos abandonar nuestros trabajos para dedicarnos a hacer las leyes y las labores del Legislativo, otra cosa es que intenten suplantarnos. Salvo que se cometa un golpe de Estado, o todos los españoles en referéndum aprobaran una modificación de la Constitución, es imposible que términos como nación puedan ser admitidos por el Tribunal Constitucional, por eso la pléyade de irresponsables, oportunistas y separatistas, están haciendo todo lo posible por cuestionar a los jueces, como estamos seguros que también cuestionarán su sentencia. Son, en fin, unos golpistas.
Las presiones al Tribunal Constitucional no cesan. A los nacionalistas solo les interesa que la Justicia dé por válidas sus pretensiones, bajo la coartada de exigencia de imparcialidad. Seamos claros, el Tribunal Constitucional debe ser parcial en el sentido del respeto y de hacer valer la Ley de Leyes, la Constitución, aprobada en 1.978 por referéndum nacional. Ni el señor Montilla, ni el señor Artur Mas, ni el presidente Zapatero, ni siquiera el rey, ni sus directrices ni sus órdenes, pueden prevalecer sobre La Carta Magna, tampoco lo que decidan los parlamentos autonómicos o central. Es decir, la Constitución y, en último término, la soberanía popular que emana de todos los españoles, es el mandato de mayor rango. Los parlamentarios son nuestros representantes por delegación, no podríamos abandonar nuestros trabajos para dedicarnos a hacer las leyes y las labores del Legislativo, otra cosa es que intenten suplantarnos. Salvo que se cometa un golpe de Estado, o todos los españoles en referéndum aprobaran una modificación de la Constitución, es imposible que términos como nación puedan ser admitidos por el Tribunal Constitucional, por eso la pléyade de irresponsables, oportunistas y separatistas, están haciendo todo lo posible por cuestionar a los jueces, como estamos seguros que también cuestionarán su sentencia. Son, en fin, unos golpistas.
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