Aunque estemos en el siglo XXI,
el Homo Sapiens sigue siendo un animal violento. Continúa habiendo guerras
repartidas por el mundo y, aunque en teoría la Guerra Fría se ha terminado, los
arsenales nucleares siguen preparados para borrarnos a todos del mapa. La violencia
está instalada en la sociedad porque forma parte de nuestros genes y de nuestra
cultura y, aunque estoy seguro que se me discutirá, no siempre es mala. Jesucristo
nos enseñó a poner la otra mejilla y Julio Anguita nos ha dicho que eso no es
lo suyo. Por regla general está claro que en una sociedad democrática
evolucionada la violencia, de cualquier tipo, no solo es deleznable, no es
útil, ni soluciona los problemas. Particularmente aborrecible es la violencia contra
las mujeres, los ancianos y los niños en el ámbito doméstico, practicada por
desalmados sin escrúpulos. También hay un tipo de violencia no física, que
agrede sin piedad a los mas débiles y que ejercen los Gobiernos y algunos
empresarios.
Sin embargo, como he dicho, la
violencia a veces es un recurso necesario y plenamente justificado cuando no
existe ninguna otra opción. ¿No fue legítimo el recurso al uso de la fuerza
para defenderse de los nazis? ¿no estuvo justificado coger el fusil para
librarse del colonialismo en África y América?.
En un Estado de Derecho, los
ciudadanos tienen que defenderse de los individuos que atentan contra sus
intereses colectivos y que soslayan las leyes. La Justicia ejerce una violencia
legítima contra los malhechores, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
como hace el macho alfa dentro de la manada de lobos, tienen la misión de
mantener el orden y la convivencia, por el bien de todos.
Pero, hete aquí que en este país
que algunos califican de poco serio o de pandereta, hemos llegado, como en
otros muchos asuntos, a situaciones esquizofrénicas. Se está haciendo cotidiano
que policías y guardias civiles sean agredidos en las propias comisarías, que
sean apedreados por los delincuentes, que no puedan entrar en algunos barrios donde
corre la droga (como las Cañadas Reales, en Madrid, y los 3.000 viviendas, en
Sevilla) por miedo a su integridad física, que sean apuñalados por inmigrantes
irregulares, etc. Esta situación no es una singularidad, pues las agresiones
contra médicos o profesores también están creciendo de forma alarmante ante la
impunidad en que suelen quedar. Naturalmente, hay una responsabilidad política
muy clara en que se haya llegado a este extremo.
En ningún país con los que
continuamente, y para lo que les interesa, nos comparan se agrede a las fuerzas
del orden impunemente. ¿Alguien se imagina a un delincuente atacando a la
policía en los EE UU o a la gendarmería en Francia? ¿alguien se imagina a un
policía británico, que incluso va desarmado, siendo atacado por un facineroso?.
En Francia, por ejemplo, los
médicos y los maestros tienen un status jurídico similar al de los policías
que, por las penas que acarrea, disuade a los agresores. Estas y otras
iniciativas son necesarias y urgentes en España porque los profesionales que
todos los días acuden a su trabajo para hacer una ingente labor social no
tienen porque poner en peligro su integridad física. Hacen falta nuevas leyes y
una declaración expresa del ministro del Interior donde advierta que no se van
a tolerar mas ataques a los miembros de la Policía y Guardia Civil y que estos
están autorizados a responder con contundencia.
No se entiende muy bien que se
castigue con fuertes multas a los que se manifiestan ante el Congreso de los
Diputados mientras se permite a los delincuentes campar a sus anchas.
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