LA DEUDA SE DISPARA

La Deuda Pública española ha llegado al 93,9% del Producto Interior Bruto, en concreto es de 960.640 millones de euros, y las previsiones son de que en 2.015 sobrepasará el 100% del PIB, con más de un billón de euros, hipotecando el futuro de los españoles, que tendrán que trabajar, durante muchos años, en buena parte, para pagar intereses. El análisis de esta magnitud macroeconómica deja claro que las cosas no se están haciendo bien, porque no es de recibo que en solo un año nuestra Deuda haya crecido el 8,58%. Pero es que, mientras el PIB está casi estancado (en 2.012 fue de 1.340.266 millones de dólares) las administraciones siguen gastando bastante mas de lo que hacían en ejercicios anteriores, sobre todo las autonómicas. Y no solo gastan mas, también ingresan menos, porque la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída del consumo y la actividad económica tienen una repercusión directa en la recaudación.

Hay datos verdaderamente preocupantes que indicen directamente en que el déficit de las administraciones y, por consiguiente, la Deuda, sigan aumentando. A pesar de que España es uno de los países de la zona euro que tiene los impuestos mas altos, porcentualmente, es de los que tiene menos recaudación. Mientras que la media de ingresos fiscales se sitúa en la UE en el 46,2% del PIB, en España es de solo del 37,1%, solo por detrás de Letonia, Irlanda y Eslovaquia. Es decir, a pesar de que nuestro IVA está por encima de la media y que el IRPF en España es el tercero mas alto de la UE, somos de los que menos recaudamos. De esto no tiene culpa solo la caída de la actividad económica, la tiene, sobre todo, el gigantesco fraude fiscal, que se ha acentuado con la crisis, sin que el Gobierno haya tomado las medidas contundentes que son imperativas para atajarlo. Otro ingrediente, para nada baladí, es que las administraciones también se tienen que hacer cargo de pagar los intereses de la Deuda ya acumulada, en gran parte adquirida a tipos muy altos, cuando la prima de riesgo estaba por las nubes.

Si con la crisis los ciudadanos se han tenido que apretar el cinturón, no ha sucedido lo mismo con las administraciones públicas, especialmente con las autonómicas, que, además de tener que hacer frente a las partidas que se llevan la mayor parte del gasto, como sanidad y educación, han seguido despilfarrando en cosas no prioritarias o repartiendo dinero para mantener el clientelismo electoral. El Estado de las Autonomías, hay que decirlo alto y claro, una forma de administración del Estado introducida en nuestra Constitución para dar satisfacción a los nacionalistas, es caro, mucho mas caro que una administración centralizada, algo tan evidente que no necesita argumentarse.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy está preparando una reforma fiscal para dentro de unos meses, pero me temo que esté pensada mas en clave electoral, pues las elecciones empiezan a estar a la vuelta de la esquina, y la gente está muy cabreada, que para solucionar los graves problemas y desajustes de la economía española. No se han acometido las reformas que nuestro país, en verdad, necesita, como una racionalización de las administraciones públicas que suprima, por ejemplo, las diputaciones o los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Tampoco se ha hecho una reforma fiscal seria, que no castigue a los que generan riqueza y premie la picaresca y la inactividad y que, con el código penal en la mano, meta mano, de una puñetera vez, a los defraudadores. En cuanto a las Autonomías, esos nuevos Reinos de Taifas que tantos disgustos nos están dando, y nos van a dar, no hace falta que salga un ratón barbicano, colilargo y hociquirromo para decirnos que va a ser muy difícil poner el cascabel al gato.