En Asturias tenemos un montón de graves problemas entre los que sobresale que nuestra administración pública no tiene un puñetero duro. Esto es especialmente doloroso para los que creemos firmemente en que los servicios sociales esenciales, como la sanidad, la educación, la justicia, etc, deben ser inequívocamente públicos. Pero, en toda empresa o institución donde no existe la competencia, una de las pocas cosas buenas del liberalismo, es imprescindible vigilar estrechamente la gestión, empezando por los políticos, que son los máximos responsables de los medios y la financiación que los servicios públicos necesitan para que puedan ser eficaces. Estamos alarmados porque, al parecer, no hay dinero para la sanidad y, dejémonos de tonterías, si ésta quiebra o sufre un grave deterioro, los ciudadanos van a tirarse al cuello de quienes nos gobiernan. Tiene razón el presidente del PP regional, Ovidio Sánchez, cuando dice que antes de empezar a racionalizar el gasto de la sanidad habría que eliminar los chiringuitos socialistas, esas fundaciones y cosas por el estilo que solo sirven para que los que han visto en la política una forma de vida, con buenos ingresos, naturalmente, coman del pesebre. También es cierto que no se puede dar el visto bueno a un modelo de financiación que perjudica claramente a Asturias y ahora decir que no hay dinero para pagar las nóminas de los médicos. Pero nos gustaría oír también al presidente del PP que su partido está, sin ninguna duda, por que la sanidad en Asturias continúe siendo pública, no como ha sucedido en Madrid con su compañera de partido Esperanza Aguirre que, con su política de disgregación y neoprivatización, ha deteriorado gravemente los servicios esenciales, sirva de ejemplo las muertes de la madre y su hijo recién nacido de las que se han hecho eco ampliamente los medios informativos nacionales. La financiación de la sanidad hay que enmarcarla dentro del conjunto del presupuesto y de los gastos de todos los servicios públicos y, mas en época de crisis, hay que establecer prioridades. Los ciudadanos no entenderían que se gastara su dinero en televisión autonómica, subvenciones por nacimiento de hijos a los que cobran 56.000 euros anuales o por la compra de ordenadores, coches, motos, (incluidos/as los importados) y cosas por el estilo, mientras se deterioran los servicios sanitarios. Pero también es verdad que hay que cambiar algunas otras cosas para poder seguir teniendo una sanidad de calidad. No puede ser que las recetas hallan crecido exponencialmente (lo ha dicho IU, que por la mañana gobierna, o, por lo menos, cobra, y por la tarde denuncia). Todos sabemos que ante la falta de tiempo para realizar consultas rigurosas y ante la demanda de los usuarios, los médicos de cabecera expiden recetas bastante alegremente, no solo eso, se debería prohibir que los visitadores médicos promocionen los productos de las empresas farmacéuticas que representan en la sanidad pública, eso evitaría actuaciones disciplinarias radicales pero que serían imprescindibles. También es necesario tomar otras medidas como que la gratuidad de los medicamentos no sea por estar jubilado, sino por el nivel de renta, teniendo, lógicamente, en cuenta que a ciertas edades son mas frecuentes los achaques y las enfermedades crónicas que exigen medicaciones continuadas, pero (¿porqué un jubilado con un nivel de ingresos que puede cuaduplicar al de un parado va a tener gratis los medicamentos y éste no?. Se da, además, la picaresca de que es frecuente que el pensionista de la familia obtenga gratuitamente los medicamentos que toman otros. Esto no es lo correcto ni desde el punto de vista médico ni financiero. Además, la universalización de la sanidad pública ha atraído a usuarios que, teniendo ingresos, no cotizan a la Seguridad Social, bien por realizar actividades ilegales o alegales, o por otras causas, con la consiguiente sangría del dinero de los contribuyente y de la calidad asistencial. Por la defensa de la sanidad pública hay que actuar, pero hay que hacerlo ya.
J. Jesús J. Suárez González
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