La sentencia del TJUE, que afecta
a los independentistas catalanes condenados por la Justicia española por graves
delitos de malversación de fondos públicos y sedición y también a los
independentistas fugados, empezando por Puigdemont, ha levantado, como es
lógico, un terremoto político, más, si cabe, al producirse en medio de las
conversaciones entre PSOE y ERC para que pueda salir adelante la investidura de
Pedro Sánchez y se pueda formar Gobierno. Yo no voy a entrar en el
laberinto jurídico de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, ni los más
expertos juristas se ponen de acuerdo, solo constatar algunas cosas: que esta
sentencia da gasolina a los golpistas catalanes, que es otro argumento más para
el relato de los que, ahora con el apoyo de las instituciones europeas, se pasan
las leyes y la Justicia española por la entrepierna y que los españoles no
fueron conscientes, ni los políticos de entonces se lo explicaron, de lo que
significaba la pérdida de soberanía de nuestro estado-nación en beneficio de un
ente supranacional cuyos gestores no elige la gente, o, para decirlo de otra
manera, los elige la gente, pero demasiado indirectamente. Puestos a hacer
justicia recordemos que el único dirigente español de una formación política
importante que se opuso firmemente y con argumentos demoledores al Tratado de
Maastricht fue el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Julio
Anguita: “Nos gobernarán desde fuera y no pintaremos nada”. La pérdida de la
soberanía de los Estados europeos y el
menoscabo del poder de decisión de sus pueblos ya está teniendo resultados
dramáticos, el de esta sentencia es uno de ellos y el Brexit es otro. Los
británicos han reaccionado, pero los demás, de momento, aún no.
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