Ante la demanda presentada por el
propio afectado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU,
ha dictaminado que la detención de Julián Assange fue ilegal y que se permita
de inmediato su libertad de movimientos. Pero, aunque la decisión es
vinculante, Reino Unido ya ha manifestado que la rechaza, situándose, como en
el asunto de los paraísos fiscales que gestiona, al margen de la legalidad
internacional.
Recordemos que Julián Assange está
refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde mediados de 2.012 al
correr grave peligro su vida, pues de todos es sabido que los EE UU se la
tienen jurada desde que WikiLeaks rebeló las actividades ilegales del Gobierno
norteamericano, donde se incluía el espionaje a sus propios aliados y a sus
dirigentes.
Como era muy difícil esgrimir
ante la opinión pública que la Administración norteamericana acusara a un
australiano de un delito por rebelar actividades que van en contra de todas las
convenciones internacionales y de la carta fundacional de la ONU, junto con
Suecia se sacaron de la manga un presunto delito sexual que su propia supuesta
víctima no confirmó. Assange sabía perfectamente que si el Reino Unido, aliado
incondicional de los EE UU, lo extraditaba a Suecia este país, a su vez, lo
enviaría o pondría en manos de agentes norteamericanos.
Si este asunto ya era escandaloso
desde el principio, la explícita negativa del Reino Unido a acatar el dictamen
de la ONU aún lo agrava mas, dejando diáfano que la Comunidad internacional está
en manos de piratas que son algunos de los propios Estados que la integran.
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