Llueve sobre mojado, pero, no por
delitos de financiación ilegal de Podemos, sino por las denuncias falsas contra
esta formación política a la que mucha gente ¿alguien se atreve a llevarme la
contraria en esto? odia y no sabe qué hacer para cargársela. Hasta catorce veces
Podemos ha sido denunciado por financiación irregular, nunca se ha encontrado
ninguna prueba incriminatoria y todas esas denuncias han sido desestimadas por
el Tribunal Supremo. Entre los denunciantes sobresalía el pseudosindicato
ultraderechista “Manos Limpias”, que, como todos sabemos, las tenía muy sucias.
Es muy habitual que cuando no se puede acabar con alguien políticamente se
intente hacerlo judicialmente, eso lo hemos visto es España y en otros países.
Es algo legítimo en un estado de derecho, lo que no es legítimo son las denuncias
falsas, los montajes y las conspiraciones y el asunto que tratamos se parece
mucho a eso. Llama la atención que la denuncia de Podemos contra José Manuel
Calvente por acoso sexual no fuera ni admitida a trámite por falta de pruebas, porque
hay gente en este país que ha sido condenada a decenas de años de cárcel por
delitos de carácter sexual sin prueba alguna, solo con el testimonio de una
mujer. También llama la atención que el abogado denunciante, José Manuel Calvente,
no denunció a Podemos hasta que no fue expulsado del partido. Vuelve a llamar
la atención que se admita a trámite una denuncia solo con el testimonio de “sospechas”
de Calvente y que el juez, sobre esa base, inicie una investigación prospectiva
y haga un llamamiento a todo el que pueda aportar algún documento
incriminatorio, porque Calvente no ha aportado ninguno, a que lo presente. El
colmo de lo que llama la atención es que el juez interrogue al denunciante por
videoconferencia y que solo se aporte a la causa la grabación de los primeros
41 minutos y 52 segundos, y las restantes dos horas y 40 minutos hayan
desaparecido como por encanto. Es algo parecido al borrado del disco duro de
Bárcenas, pero no en la sede del PP, sino en sede judicial. Pero ¿quién es el
juez que hace este tipo de cosas? pues el juez Juan José Escalonilla, del Juzgado
de Instrucción 42 de Madrid, para que nos situemos, es el mismo juez que en
2018 archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de
muerte contra Manuela Carmena en un chat de la Policía Municipal de Madrid. En
el chat se decían cosas como que Adolf Hitler “hacía las cosas bien” que la
exalcaldesa era “una hija de la gran puta, roja de mierda, mal parida” o que lo
terrible era “que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a
sus compañeros”. Escalonilla concluyó “la inexistencia de indicios racionales
de que los hechos objeto de denuncia sean constitutivos de delito tipificado en
el artículo 510.1 del Código Penal, ni de delito de amenazas” y que no había odio
porque los comentarios no se referían a ningún colectivo, grupo o persona
determinada. Maravilloso. Pues bien, el juez Escalonilla ha admitido a Vox como
acusación popular en la causa de malversación de Podemos. Lo ha hecho sin pedir
al partido de Abascal la fianza habitual que se hace en estos casos para
limitar en número de miembros de la acusación. Esta fianza viene determinada en
el artículo 2180 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A mí esto no me parece
una causa judicial por la posible financiación irregular de Podemos, a mí me
parece una causa política contra el partido morado. Pero, si se puede iniciar
una causa judicial contra una formación política sin aportar ninguna prueba
para que luego la Justicia haga una investigación prospectiva, estamos abriendo
una espita que no va a agradar nada a otros, a otros que sí se han financiado
irregularmente y a los que los bancos les han perdonado créditos, no sabemos a
cambio de qué. Los de Podemos, entonces, tendrán que presentar unas cuantas
denuncias en el mismo juzgado para que las lleve el mismo juez con los mismos
criterios. En esto se basa la Justicia.
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