LA COMPARECENCIA DE FELIPE VI

Unidas Podemos ha pedido la comparecencia en sede parlamentaria del rey y jefe de estado, Felipe VI, para que nos explique todo lo que ha pasado, lo que está pasando y que nos diga qué medidas piensa tomar, además de las ya adoptadas, en el futuro inmediato contra su padre. Sin embargo, el rey no tiene, legalmente y constitucionalmente, ninguna obligación de comparecer y si los republicanos hemos decidido que no vamos a aprovechar esta crisis para cargarnos a la monarquía (ahora no se debe abrir una confrontación política de este calado, bastante tenemos con la que está cayendo, y la disyuntiva monarquía-república se tendrá que dilucidar en las urnas) y si Felipe VI no tiene intención de comparecer en el Congreso de los Diputados para pedir a todas las fuerzas políticas que modifiquen la constitución para eliminar de ella la inviolabilidad del rey, la suya, para que, de verdad, todos los españoles seamos iguales ante la Ley, su comparecencia en el Parlamento solo serviría de humillación y mofa, para nada práctico, y no es eso lo que la izquierda gobernante, que está demostrando ser mucho más responsable que la derecha y la ultraderecha, quiere para el jefe del estado actual. Entre los inusitados defensores de las fechorías de Juan Carlos, algunos casualmente los mismos que defienden en la intimidad la asonada de Tejero y de Milans del Bosch, los hay verdaderamente encantadores, pues justifican las comisiones cobradas de los sátrapas árabes por el AVE Medina- La Meca diciendo que eso no es un delito, algo falso, justifican que no se declararan a Hacienda esos ingresos, justifican que el rey emérito tenga cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales y si todo eso no les sirve para atacar a la izquierda, volviéndose, como por encanto, acérrimos monárquicos, pues encienden el ventilador de la mierda para decirnos que ese tipo de cosas las han hecho en este país también otros y que no pasa nada si las hace, como esos otros, el jefe del estado. Maravilloso. La verdad, sin embargo, es que las aventuras sexuales de Juan Carlos si han llevado delitos aparejados, algunos muy graves, y no solo cometidos por el ahora rey emérito, también por el Gobierno que los ordenó. Me refiero, por ejemplo, a lo que sucedió con Bárbara Rey, asunto que ahora todo el mundo soslaya y de lo que nadie parece acordarse, porque Corinna Larsen no fue, ni de lejos, la única. Llegados a este punto hablemos, en serio, de la comparecencia en sede parlamentaria, no de brindis al Sol: el que debe comparecer es José María Aznar, que era el presidente de España durante los años 1996 y 1997 (cuando se entregaron a Bárbara Rey 500 millones de pesetas de los Fondos Reservados, es decir, de dinero del contribuyente, en pagos mensuales de 26 millones para tapar la boca a esa “amiga”) para explicarnos todo lo que sabe y lo que ordenó, y también debe comparecer el teniente general, Javier Calderón Fernandez, director general del Centro Superior de Información de la Defensa, CESID (reconvertido, desde el 6 de mayo de 2002, en Centro Nacional de Inteligencia) durante los años en que se pagó la millonada a Bárbara Rey y los propios servicios secretos procuraban un chalet para los encuentros sexuales de Juan Carlos y amenazaban de muerte a esta otra "amiga” real y a toda su familia si se iban de la lengua y por, supuesto, también la actual directora del CNI, Paz Esteban, para que nos aclare si los servicios secretos han seguido siendo utilizados de mamporreros y han amenazado también a Corinna Larsen, y, lo más jugoso, si así ha sido, quién se lo ha ordenado. No estamos hablando ya solo de comisiones, estamos hablando de nuestro dinero y de que hacen los servicios secretos, y los que les mandan, con nuestro dinero.