LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PITORREO

Por si no tuviéramos suficiente con el sainete catalán y a la espera de averiguar si va a ser posible que a Cataluña la gobiernen desde Bruselas, ha surgido también la polémica, por no decir el escándalo, en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España, para obligar a la Junta de Andalucía a que los funcionarios andaluces tengan que realizar 37,5 horas semanales, que son las establecidas por el Gobierno Central para los funcionarios de todo el Estado. La presidenta andaluza y sus secuaces ya nos tenían acostumbrados a todo tipo de fechorías, entre las que no podemos olvidar el golpe de mano contra su propio secretario general para intentar hacerse con el control del partido, pero ahora también pretende tomar el pelo al Tribunal Constitucional, porque el Ejecutivo andaluz y su régimen han tenido la ocurrencia de que, para completar esas dos horas y media semanales, los funcionarios, como Puigdemont, no necesitarán asistir a sus puestos de trabajo ni hacer ninguna labor presencial, basta con que se apunten, aunque luego no asistan, a variopintos cursillos o que, y esto sí que ya es muy fuerte, “las dediquen a la meditación en su casa”.

Al asunto de la jornada laboral de los funcionarios es otro de los temas tabú que pocos se atreven a debatir y a abordar ¿Cómo es posible que cuando la inmensa mayoría de los trabajadores españoles tienen que hacer las cuarenta horas semanales que marca la Ley, y muchos de ellos incluso bastantes más, los funcionarios, a los que pagan precisamente esos sacrificados trabajadores, puedan hacer solo 35? Son varias las respuestas, por un lado que los sindicatos solo están ya verdaderamente presentes en algunos colectivos, como el de los funcionarios, por otro que estos servidores públicos tienen una capacidad de presión, sin miedo a perder su trabajo, que no tienen los trabajadores del sector privado y por último que son cientos de miles de votos. El asunto no es baladí, porque aquí mismo, en Asturias, ya ha saltado la controversia entre el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado y porque trasciende ideologías y administraciones. Como me he propuesto para este año no ser políticamente correcto, tengo que denunciar la institucionalización del pitorreo y como no me presento a las elecciones juego con ventaja para poder hacerlo.