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Hasta hace muy poco tiempo en
España, como en otros países de Europa, había funcionado el paripé del
bipartidismo, aquí entre PP y PSOE se lo guisaban y se lo comían. No solo
pactaban, por ejemplo, qué jueces debían estar en el Tribunal Constitucional,
tenían repartida toda la tarta. Pero, la crisis económica, el aumento del paro,
sobre todo entre los jóvenes, los desahucios, y la bajada de salarios y
deterioro de las condiciones laborales, etc, son un caldo de cultivo ideal para
la rebelión, favorecida por la indignación que provoca que mientras la mayor
parte de los españoles sufre en sus carnes los errores de los políticos, muchos
de estos están metidos hasta el cuello en escándalos de corrupción. Las
elecciones europeas pusieron patas arriba el tinglado, porque IU triplicó sus representantes en Estrasburgo y, sobre todo, porque Podemos, un movimiento salido de la nada hacía
pocos meses, obtuvo millón y medio de sufragios y cinco escaños.
El PP, aunque ha hablado poco de
ello, ha hecho un exhaustivo análisis de las elecciones europeas y ha realizado
una proyección de sus resultados a las autonómicas y municipales, con un
resultado desolador: aunque el PSOE sigue en caída libre, a pesar del nuevo
secretario general sonrisa Profidén, el crecimiento de la izquierda en su
conjunto supondría, en caso de pacto progresista, que los populares perderían
el poder en cientos de ayuntamientos, algunos muy importantes, como el de
Madrid y Valencia.
La actual Ley Electoral está
vigente en España desde junio de 1.985, y ha funcionado sin problemas
importantes, pero ya no sirve a los que sienten el miedo en el cogote. Hace
unos meses Rajoy ya enseñó la patita adelantando, como globo sonda, que la Ley
Electoral podría ser reformada para que fuera alcalde el candidato de la lista
mas votada. La tibia contestación política y social ha permitido que la
fechoría fragüe. Porque, no se trata solamente de la elección directa de
alcaldes, la reforma incluiría que, de forma automática, la lista mas votada tendría la mitad mas uno
de los concejales, es decir, mayoría absoluta, porque de otra forma, obviamente,
los ayuntamientos serían ingobernables. Para hacer una nueva Ley Electoral o
reformar la existente hace falta una Ley Orgánica que necesita la mayoría
absoluta del Congreso de los Diputados, algo que, de momento, todavía tiene el
PP. Pero, lo que se pretende, si bien no viola la letra de la Constitución es
un ataque en toda regla a su espíritu, consustancial con un consenso que el PP
quiere destruir, y a la verdadera democracia representativa.
El PP recoge todos los votos de
la derecha, desde la mas extrema hasta parte del centro, pero no ocurre lo
mismo en la izquierda, que está fragmentada en tres organizaciones importantes,
PSOE, IU y Podemos. Solo una candidatura unitaria de progreso podría impedir
que la apisonadora popular ganara las elecciones, a pesar de que va a perder
millones de votos. Es algo muy difícil de lograr, porque las diferencias son
muy importantes, pero no imposible, ahí tenemos el precedente de las elecciones
municipales de 1.931.
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