LA FAMILIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

 

Al albur de las cosas que se han dicho con respecto a la Ley Celaá, una cosa entre ellas llama mucho la atención, la errónea creencia de mucha gente de que los hijos pertenecen a los padres y de que son éstos, y no el Estado, sus tutores últimos. La verdad es bien distinta y está escrita, negro sobre blanco, en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Pongamos un ejemplo: no es la primera vez que un juez, es decir, un funcionario de uno de los poderes del Estado, obliga a hacer una trasfusión de sangre a un niño en contra de la opinión de sus padres, testigos de Jehová. Lo mismo sucede en casos de maltrato, donde la custodia, también por orden judicial, puede pasar al Estado. También se ha esgrimido la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos, que recoge también nuestra Constitución, de lo que no se ha dicho nada es que en ese artículo 27 también se dicen otras cosas, en su apartado 7 exactamente lo siguiente: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca”. Y la ley establecía hasta el control económico de esos centros antes ya de que apareciera la de la ministra Celaá. Pero, el régimen franquista tenía su propia “constitución”, porque así la calificaban, eran las Leyes Fundamentales del Reino, que estaban basadas en el Fuero de los españoles y en el Fuero del Trabajo, principios fundamentales del Movimiento. Pues bien, también los franquistas tenían al Estado como tutor último de los niños, en concreto el artículo II, capítulo 23 de las Leyes Fundamentales del Reino decía: “Los padres estás obligados a alimentar, educar e instruir a los hijos. El Estado suspenderá el ejercicio de la patria potestad o privará de ella a los que no la ejerzan dignamente y transferirá la guarda y educación de los menores a quienes por ley corresponda”. Tanto la “constitución” franquista como la Constitución del 78 encierran grandes mentiras, la primera ya en su propio título, Leyes Fundamentales del Reino, cuando España no era ningún reino, era una dictadura fascista, y el heredero de la Corona estaba en el exilio. Pero, una mentira es común en ambas y me trajo serios disgustos en su día por decirlo en clase: En la Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958, “yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de la responsabilidad ante Dios y ante la Historia….”, entre otras bobadas decía: “Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad”. Preguntar a mi profesor de Política si el cargo de Rey era una función pública y, cuando me respondió que sí, espetarle a continuación que eso entraba en contradicción con la Ley de Sucesión fue una imprudencia. Ahora algo hemos ganado y podemos decir, sin temor a represalias, que, en contra de lo que dice la Constitución del 78, no todos los españoles somos iguales ante la Ley, también aquí con la monarquía hemos topado, como con los colegios del Opus. Tenemos que agradecer a la presidenta de la C A de Madrid, Ayuso, que nos haya confirmado que así es, en efecto ¡Ay, la familia! al final todo gira en torno a ella, denostada y maltratada por la derecha y por la izquierda. Pero, mientras nos mienten mucho y hacen ingentes esfuerzos por tomarnos mucho el pelo, la familia de verdad es otra, es la que sostuvo este país en 2010 y es la que va a sostener otra vez esta sociedad en 2021, con ingentes sacrificios, con mucha solidaridad y con toneladas de cariño. Por favor, no se cisquen en ella.