El programa político es lo mas
importante cuando hay elecciones. Ahí, al margen de las bobadas y ocurrencias
que los conspicuos de los distintos partidos dicen en mítines y declaraciones,
es donde se puede ver, negro sobre blanco, las diferencias entre unos y otros y
analizar si nos convencen sus propuestas. Muchos han querido banalizar los
programas políticos, diciendo que no sirven para nada, porque luego no se
cumplen, o escondiéndolos a los electores mientras exhiben a sus candidatos
jóvenes (es la nueva moda) y con sonrisa Profidén. Pero, la gente seria debe dar
a ese contrato tácito toda la importancia que tiene, por encima de ninguna otra
cosa, como hacía Julio Anguita repitiendo aquello de “programa, programa,
programa”. Son precisamente los que dicen que los programas políticos son papel
mojado los que no pasan factura, con su voto, a los que los incumplen.
Las instituciones europeas han
tirado de las orejas a España por tener la tarifa eléctrica mas alta de Europa
después de Chipre, que perjudica gravemente a particulares y empresas.
Argumentan que es un grave error repercutir en el recibo de la luz muchas
subvenciones que deberían estar contempladas en los Presupuestos Generales del
Estado, para que paguen mas los que mas tienen. La música suena bien, pero los burócratas
de la Comisión saben perfectamente que no pasa lo mismo con la letra, porque en
este país son los trabajadores los que cargan con la mayor parte de los
impuestos y sea de una u otra forma son siempre los mismos los que hacen de sufridos
costaleros de la economía.
No habrá justicia en España hasta
que no se haga una reforma fiscal en profundidad. Si en 1.977 la reforma fiscal
del entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, fue muy
importante y necesaria, porque el Estado casi no recaudaba, hoy es imperativa
una nueva reforma que no penalice especialmente a los que menos ganan y que
favorezca la inversión por encima de la acumulación de patrimonio. Pero, junto
con un nuevo escenario impositivo, también es imprescindible que de una vez por
todas se ataque la economía sumergida y el fraude fiscal, no con mas
inspectores de Hacienda, sino modificando la Ley y el Código Penal con sanciones
y penas muy duras. No tienen ninguna credibilidad los que mientras dicen que
trabajan para acabar con el fraude suben hasta los 150.000 euros el tope mínimo
para que este sea delito.
Aunque es imposible saberlo con
exactitud, el propio Banco de España estima en aproximadamente el 23% del PIB
el fraude fiscal en España. Una cifra estratosférica de dinero que permitiría
mejorar los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Justicia) crear
cientos de miles de puestos de trabajo y amortizar nuestra gigantesca Deuda.
Como el lector es lo suficientemente inteligente, y sabe lo que ocurre, no
estimo necesario poner ejemplos de las múltiples formas de fraude, solo
mencionar los millones de facturas con IVA que no se hacen.
Por eso, hablen otros del
Gobierno, del mundo y sus monarquías/ mientras gobiernen mis días mantequillas
y pan tierno, como diría Quevedo. Que no nos cuenten historias para imbéciles,
que no hagan inverosímiles piruetas dialécticas, que no nos hablen de ocurrencias
que no sirven para nada. No hay programa político digno de ser leído, merecedor
de ser votado y cuyo destino no sea la papelera si no propone como primera
medida una reforma fiscal justa y la lucha sin cuartel contra la economía
sumergida y el fraude fiscal.
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