Al albur de las cosas que se han
dicho con respecto a la Ley Celaá, una cosa entre ellas llama mucho la
atención, la errónea creencia de mucha gente de que los hijos pertenecen a los
padres y de que son éstos, y no el Estado, sus tutores últimos. La verdad es
bien distinta y está escrita, negro sobre blanco, en nuestra Constitución y en
nuestras leyes. Pongamos un ejemplo: no es la primera vez que un juez, es decir,
un funcionario de uno de los poderes del Estado, obliga a hacer una trasfusión
de sangre a un niño en contra de la opinión de sus padres, testigos de Jehová.
Lo mismo sucede en casos de maltrato, donde la custodia, también por orden
judicial, puede pasar al Estado. También se ha esgrimido la libertad de
elección de los padres para la educación de sus hijos, que recoge también
nuestra Constitución, de lo que no se ha dicho nada es que en ese artículo 27
también se dicen otras cosas, en su apartado 7 exactamente lo siguiente: “Los
profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos en los términos que la ley establezca”. Y la ley establecía hasta el
control económico de esos centros antes ya de que apareciera la de la ministra
Celaá. Pero, el régimen franquista tenía su propia “constitución”, porque así la
calificaban, eran las Leyes Fundamentales del Reino, que estaban basadas en el
Fuero de los españoles y en el Fuero del Trabajo, principios fundamentales del
Movimiento. Pues bien, también los franquistas tenían al Estado como tutor
último de los niños, en concreto el artículo II, capítulo 23 de las Leyes
Fundamentales del Reino decía: “Los padres estás obligados a alimentar, educar
e instruir a los hijos. El Estado suspenderá el ejercicio de la patria potestad
o privará de ella a los que no la ejerzan dignamente y transferirá la guarda y
educación de los menores a quienes por ley corresponda”. Tanto la “constitución”
franquista como la Constitución del 78 encierran grandes mentiras, la primera
ya en su propio título, Leyes Fundamentales del Reino, cuando España no era
ningún reino, era una dictadura fascista, y el heredero de la Corona estaba en
el exilio. Pero, una mentira es común en ambas y me trajo serios disgustos en
su día por decirlo en clase: En la Ley de Principios del Movimiento Nacional,
de 17 de mayo de 1958, “yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España,
consciente de la responsabilidad ante Dios y ante la Historia….”, entre otras
bobadas decía: “Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones
públicas según su mérito y capacidad”. Preguntar a mi profesor de Política si
el cargo de Rey era una función pública y, cuando me respondió que sí,
espetarle a continuación que eso entraba en contradicción con la Ley de Sucesión
fue una imprudencia. Ahora algo hemos ganado y podemos decir, sin temor a
represalias, que, en contra de lo que dice la Constitución del 78, no todos los
españoles somos iguales ante la Ley, también aquí con la monarquía hemos
topado, como con los colegios del Opus. Tenemos que agradecer a la presidenta de la C A de Madrid, Ayuso, que
nos haya confirmado que así es, en efecto ¡Ay, la familia! al final todo gira
en torno a ella, denostada y maltratada por la derecha y por la izquierda. Pero,
mientras nos mienten mucho y hacen ingentes esfuerzos por tomarnos mucho el
pelo, la familia de verdad es otra, es la que sostuvo este país en 2010 y es la
que va a sostener otra vez esta sociedad en 2021, con ingentes sacrificios, con
mucha solidaridad y con toneladas de cariño. Por favor, no se cisquen en ella.
