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Mucha gente está convencida de
que en realidad ya no son los ciudadanos los que deciden los Gobiernos y las
políticas y que son las grandes corporaciones, la gran banca y unos cuantos
supermillonarios los que imponen su ley. Todavía no es totalmente cierto, pero
casi. Y eso es así porque una buena parte de los políticos que nos gobiernan
han tenido, tienen o piensan tener algún tipo de relación económica con esos “agentes”.
Hasta el mas tonto del pueblo sabe que expresidentes del Gobierno y exministros
trabajan ahora, es un decir, en compañías privadas a las que afectaron y/o
beneficiaron directamente las decisiones que tomaron cuando estaban en el
Ejecutivo. El ejemplo mas significativo es el de Felipe González y José María Aznar,
que cuando fueron presidentes del Gobierno tomaron decisiones estratégicas
sobre el sector eléctrico muy dolosas para los españoles y que ahora están a
sueldo ¡y qué sueldo! de Gas Natural y Endesa. Pero, además de otros ex altos
cargos, 20 exministros han trabajado o trabajan ahora para grandes empresas
privadas que forman un oligopolio en sectores estratégicos de nuestra economía,
como Ángel Acebes en Iberdrola, Josep Borrell en Abengoa, Javier Solana en
Acciona, Elena Salgado en Endesa, Marcelino Oreja en FCC, Abel Matutes e Isabel
Tocino en el Banco de Santander, Eduardo Zaplana en Telefónica, etc. Si hay
casta política esta es la peor.
Los franceses están bastante
preocupados, no sin razón, porque su presidente, su primer ministro y su
ministro de Economía, los mismos que les están pidiendo sacrificios y anuncian “ajustes
y reformas” han tenido relación con la Banca Rothschild, ese grupo financiero
judío que controla, de facto, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, El
Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Banco de Pagos Internacionales. Se dice que la familia Rothschild es
propietaria de mas de la mitad de la riqueza del planeta, estimada por el
Credit Suisse en unos 231 billones de dólares. Y también sienten zozobra muchos
ciudadanos de la UE que han descubierto que nada menos que el presidente de la
Comisión (caso “Lux Leaks”) favoreció a las multinacionales, cuando fue primer
ministro de Luxemburgo, con rebajas fiscales escandalosas e ilegales. Ya dijo
Marx que no se debe poner a la zorra a cuidar de las gallinas.
Pero, que una persona tenga
empresas, o una alta participación en ellas, cuando se ejerce un cargo público
y que éstas reciban contratos del Gobierno del que uno/una forma parte, ya es
el colmo de la desfachatez y de falta de respeto a los ciudadanos. Este es, ni
mas ni menos, el caso de la consejera del Gobierno del Principado, Esther Díaz.
Pero, ni los socialistas españoles,
que votaron en contra de la elección del derechista Juncker para guardar las
formas, van a promover una moción de censura contra el presidente de la
Comisión Europea, ni los partidos políticos que no están en el Gobierno asturiano
una contra Javier Fernández, el presidente del Principado y secretario general
de la FSA-PSOE, al que le llueven los escándalos de los suyos. Aunque ambas situaciones son insostenibles.
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