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Los nacionalistas catalanes no
desean, en verdad, la independencia, pues son conscientes de que fuera de la
Unión Europea hace mucho frío, ya se lo han advertido los empresarios alemanes,
lo que quieren es lo que siempre han deseado: un trato diferenciado y de
privilegio sobre la base de unos supuestos derechos históricos. Nunca quisieron
el “café para todos” y tampoco quieren ni un tratamiento fiscal igualitario, ni
las mismas competencias, ni, en fin, el mismo status que las demás comunidades
autónomas. Hay un pecado original en la propia Constitución, el acceso a la
autonomía bajo el artículo 143 o el 151, que establecía dos velocidades, pero
que, afortunadamente, el tiempo se encargó de corregir.
Como en el golpe de Estado de
1.981, los socialistas también tienen mucho protagonismo. Tanto su secretario
general, Alfredo Pérez Rubalcaba, como los conspicuos del PSC se han embarcado
en una operación que, bajo la coartada del federalismo, esconde una maniobra
oportunista cuyo objetivo es permanecer, pues si bien la socialdemocracia está en
pleno declive en el conjunto de España, en Cataluña ha quedado bajo mínimos.
Pero, una estrategia de este tipo tiene muchos riesgos, porque una buena parte de
los votos socialistas en Cataluña proceden de los dos millones de andaluces que
residen en aquella tierra. Por eso la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se
ha apresurado a apoyar las ocurrencias de sus compañeros catalanes.
Unos y otros quieren reformar la
Constitución hasta que nuestra carta magna no tenga nada que ver con el Estado
de las Autonomías que consagra. Pero, aunque CIU y PSC-PSOE son los
encargados de hacer el trabajo sucio, el PP y el Gobierno que preside Mariano Rajoy,
como en los acuerdos con ETA que incluían la liberación de los presos, deben
ser colaboradores necesarios. ¿Era ese el verdadero plan que tenía Rajoy y que
no nos quiso contar?
La Constitución Española no son
Las Tablas de la Ley y puede ser reformada y mejorada, pero no se trata de eso,
sino de romper su filosofía, su esencia, su razón de ser, su consenso entre todos y, lo
que es aún mas importante, su legitimidad, pues fue aprobada en referéndum
nacional por los españoles y, como ya se ha hecho con el tope del déficit, se
quiere cambiar en un acuerdo de salón entre tramposos, pero esta vez en toda su
profundidad. Eso sería, ni mas ni menos, un golpe de Estado, como el de
1.981.
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