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Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba
estaba en otra onda, haciendo un discurso para los suyos, en clave de
primarias, Rajoy utilizó las mismas tácticas oportunistas a que nos tenía
acostumbrados Zapatero cuando se acercaban las elecciones, nos intentó comprar
con nuestro propio dinero. Rebajas de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad
Social, mientras la Deuda Pública se acerca peligrosamente al 100% del PIB y se
sigue sacando dinero de la hucha de las pensiones.
Dos fueron las medidas estrella
del presidente del Gobierno: por un lado, el anuncio de que los salarios de
menos de 12.000 euros no pagarán el IRPF y, por otro, que las
empresas que contraten trabajadores de forma indefinida solo pagarán 100 euros
de cotizaciones a la Seguridad Social. La primera es una medida temeraria si no
se compensa con otros ingresos fiscales, pues con políticas así será imposible
cumplir los objetivos de déficit, y la segunda es otro regalo del PP a los
empresarios, pues eso se podría haber hecho antes de aprobar la Reforma Laboral,
pero primero se facilitó el despido y ahora la contratación con salarios mas
bajos. D. Mariano se jactó de que España tiene en estos momentos un balance
comercial positivo, pero no se debe a la apuesta por la I+D+I y por la
elaboración de productos con un valor tecnológico añadido, sino por los
sacrificios de los trabajadores, que tienen que aportar mas productividad
ganando menos. En el ideario del presidente, si se trabajara a cambio de un
bocadillo España aún sería mas competitiva.
Para mí lo mas preocupante del
debate fue constatar que no me había equivocado en mis vaticinios sobre el desenlace
que preparan al asunto catalán. Rajoy aparentó contundencia contra los
nacionalistas diciendo que lo que afecta a España lo tiene que decidir el
conjunto de los españoles, pero, inmediatamente, apostilló que la Constitución
se puede cambiar mediante un simple acuerdo parlamentario, como han hecho otras
veces. Definitivamente, ese era el plan que tenía el presidente y que no nos quiso
desgranar en su día. Durán y Lleida también se subió a ese carro llamando al
diálogo “sin líneas rojas”. Pero, un acuerdo parlamentario que bordee la
resolución del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, rompiendo
el principio de igualdad y solidaridad que consagra nuestra carta magna, y que
impida pronunciarse en referéndum a todos los españoles sobre esa carga de
profundidad sería, sin paliativos, un golpe de Estado.
Después de escuchar el cuento de
Alicia, me he frotado los ojos y he vuelto a la cruda realidad.
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