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El PSOE y UPyD firmaron un
acuerdo de legislatura gracias al cual los socialistas se aseguraban la mayoría.
A cambio del voto de Ignacio Prendes, la FSA-PSOE permitiría presidir al
diputado de UPyD la comisión de investigación del caso Renedo, una forma de amortiguar
escrúpulos y servir de coartada a UPyD para facilitar el acuerdo. Pero, el
prurito por retomar un poder que se estuvo ejerciendo en Asturias durante
décadas, y que había creado todo un entramado clientelar que presionaba a los
socialistas a volver a tomar las riendas del Gobierno de esta comunidad
autónoma, hizo que el PSOE cediera a la pretensión de la formación que dirige
Rosa Díez para que se reformara la Ley Electoral, lo que beneficiaba a los
pequeños partidos.
Sin embargo, como había sucedido
en otras legislaturas, era IU la que decidía, porque sin el apoyo de sus cinco
diputados y su influencia sindical y social los socialistas no podrían
gobernar. Esta vez no habría acuerdo de Gobierno. Las bases de la coalición
habían decidido, después de todo lo que sucedió en el Gobierno de Areces, que
IU no volvería al Ejecutivo asturiano. Hay, eso sí, un pacto tácito que podemos
resumir en estas coincidencias: impedir que gobierne la derecha, que la reforma
electoral se lleve a cabo, que el impacto social de las medidas de ajuste del
Gobierno central se mitigue y que se dejen en el congelador iniciativas que la
coalición considera odiosas, como, la tan querida por los socialistas, macroincineradora.
Pero, la realidad es tozuda y las
cabras siempre tiran al monte. En las últimas semanas empezó a quedar diáfano
que los socialistas no piensan reformar la Ley Electoral, algo que,
evidentemente, les perjudica, y que siguen, pasito a pasito, con su intención
de instalar una “planta de valorización energética” un eufemismo que emplean
para no asustar a la gente con la quema de miles de toneladas de basura y la emisión
masiva a la atmósfera de dioxinas y furanos, en una región que, como se ha
hecho público no hace mucho, tiene el aire mas contaminado de España. A todo
esto hay que sumar que muchas de las partidas imprescindibles para paliar el
impacto social de la crisis, aprobadas en los pasados presupuestos, no se han
ejecutado. A este cóctel se une, además, el crecimiento electoral que IU-Los verdes
protagoniza en todas las encuestas, al aparecer ante la opinión pública como la
única formación política importante que se opone, de verdad, a las políticas
neoliberales de ajustes y recortes y la que menos afectada está por los
escándalos de corrupción.
Hay pactos rentables, explícitos
o tácitos, como los que IU mantiene con los socialistas en Andalucía y los que
obligan al PP de Extremadura a tomar medidas de progreso, y otros por los que,
por inútiles, ya está sonando su réquiem, como los de Asturias.
En Corvera, la militancia de base
de IU ya ha dicho basta y se ha roto el pacto con los socialistas, y ese puede
ser el preámbulo de la ruptura total a nivel de Asturias y de la apertura de
hostilidades en todos los frentes. Si esto ocurre, Javier Fernández tendrá muy
difícil sacar adelante los presupuestos para 2.014 y seguir vendiendo humo, no
solo en sentido figurado, a los asturianos.