Estos días el Congreso de los
Diputados ha aprobado una ley y una reforma del Código Penal que se parecen
mucho a la conocida y legendaria “ley del embudo”, ancho para mí y angosto para
ti, me refiero a la conocida como “ley del sí es sí, que consagra el
consentimiento como clave de la libertad sexual, y contemplar el
“antigitanismo” como delito de odio, que podrá ser castigado con penas de entre
uno y cuatro años de cárcel. Sobre el papel son iniciativas maravillosas ¿Quién
puede estar en contra de que solo el consentimiento de la mujer permita
realizar actos sexuales con ella? ¿Quién puede estar en contra de que se
castigue a una etnia, a una raza, o a un grupo social por el mero hecho de
serlo? Pero, en la práctica hablamos de otra cosa. La “ley del sí, es sí, fue
aprobada con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones, la derecha y
la ultraderecha han hecho bandera en contra como las izquierdas la han hecho a
favor, pero es muy llamativo que la modificación del Código Penal para
introducir el antigitanismo como delito de odio no tuvo ni un solo voto en
contra, solo la abstención de Vox. La “ley del sí es sí” no contempla ningún
instrumento legal para que los hombres se puedan defender de denuncias falsas y
así una mujer puede afirmar que no hubo consentimiento, aunque en verdad lo
hubiere, y que dijo que no cuando en realidad dijo que sí. Esto introduce una
distorsión muy grave en la tramitación de las causas, porque hasta ahora la
Justicia necesitaba pruebas, a partir de ahora la palabra de la demandante será
suficiente y esto provoca la total indefensión de los hombres, que podrán ser
condenados siendo inocentes. Al nuevo feminismo totalitario las formas, la
ética y la justicia le importan un pimiento, ya hemos visto como el Gobierno,
presionado desde el Ministerio de Igualdad, ha indultado a Juana Rivas y a
Margarita Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, ambas juzgadas y
condenadas por secuestrar a sus hijos y arrancarlos de la custodia de los
padres, que tenían, por sentencia judicial, otorgada la patria potestad. El
indulto de Margarita Sevilla es especialmente grosero porque esta señora dirige
una asociación que ayuda y protege a las secuestradoras, como ayudó y protegió
a Juana Rivas, que recibe dinero público y porque mantuvo escondido y sin
escolarizar a su hijo durante dos años. Hay hombres en la cárcel por cometer
exactamente los mismos delitos, pero a esos no los indulta nadie. Merced a esta
ley, y a muchos millones de euros de dinero público, se crearán nuevos
chiringuitos que “ayudarán y tramitarán ayudas para las mujeres”, por ejemplo:
las mujeres que manifiesten ser objeto de maltrato o de abusos sexuales tendrán
derecho a “una solución habitacional”, a un salario social y a una larga lista de
ayudas ¡aunque no hayan presentado ninguna denuncia! y eso incluye a las
mujeres extranjeras, también a las que estén en España en situación irregular.
Una buena parte de ese dinero público irá destinado a anuncios en la TV y en
las cadenas de radio.
Nadie está contra los gitanos por
serlo, pero a partir de ahora si se critica a los clanes de la droga, a
personas que tienen su propia ley al margen de la Constitución y de las leyes
que nos obligan a todos, a un grupo social donde impera el patriarcado más
absoluto, a una etnia que sobresale por su racismo (por eso, después de siglos,
sigue siendo una etnia) a gente que casa a menores, a veces niños, o a quien
tiene costumbres tan aberrantes como la “ceremonia del pañuelo”, y se hace esa
crítica no porque sean gitanos, solo porque son los gitanos los que hacen ese
tipo de cosas, cosas que también se criticarían si las hicieran otros, podrás
ser acusado de un delito de odio.
Se trata, obviamente, de buscar
nichos de votos, votos cautivos, como sería el de una Renta Básica Universal
(que los que trabajan te paguen por estar sentado en casa rascándote la
barriga) que decidan las elecciones. Iniciativas que pueden tener el efecto
contrario.
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