
Después de congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido e hiperflexibilizar los contratos temporales, en una coyuntura económica donde la inflación está próxima al 4%, pretender que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo metiendo en la nevera, sine die, los salarios, es de locos. Parece que todavía no se han enterado que precisamente fue esa la causa de que estallaran por los aires las “hipotecas basura”. Pero es que, además, poner como coartada la limitación de los beneficios empresariales es una mala broma, en un país donde los empresarios declaran a Hacienda, de media, menos ingresos que los trabajadores. Si no han sido capaces de acabar con el fraude fiscal de los empresarios durante tantos años, nada nos garantiza que ahora podrían controlar las cuentas de las empresas, mas bien tenemos el convencimiento de lo contrario. Pero, lo que de verdad se pretende, (se está haciendo ya) es que sean los trabajadores los que paguen la pérdida de beneficios de las empresas. Están matando la gallina de los huevos de oro. Si la mayor parte de los ciudadanos carece de capacidad de compra, las empresas españolas que no vivan de la exportación tienen el cierre asegurado.
Aquí nadie parece decidido a tomar el toro por los cuernos, a dejar de marear la perdiz y a decir la verdad a la gente. El problema que tenemos es que las administraciones públicas, que están en bancarrota, siguen absorbiendo ingentes cantidades de dinero, que es imprescindible para la inversión, pero que se lo llevan los gastos sociales. El Gobierno socialista y la mayor parte de la oposición aprobaron en el Parlamento leyes pretendidamente progresistas que fueron una bomba de relojería bajo la línea de flotación del Estado de Bienestar. La universalización de la Sanidad Pública, en un país donde hay millones de personas en la economía sumergida, la Ley de Dependencia y la manga ancha con la inmigración, cuando hay cerca de cinco millones de parados, se vendieron como iniciativas de izquierda, pero el tiempo se ha encargado de poner en su sitio a los irresponsables. Tenemos cientos de miles de personas cobrando salarios sociales, subvenciones y ayudas de todo tipo, pero ya no hay dinero para pagar los servicios públicos esenciales. Si para muestra basta un botón, ya es conocido que las farmacias de algunas CC AA ya no expenderán medicinas al que presente una receta sino hace el pago íntegro en efectivo y esto no ha hecho mas que empezar. Pero sigue la diversión.
Montoro también nos ha dicho, contestando a Rubalcaba, que lo que hay que hacer es “modernizar” la negociación colectiva, sin pormenorizar, naturalmente, pero los trabajadores saben bien la letra pequeña que esconden siempre estos eufemismos.
Pierda usted toda esperanza, porque, como diría un aborigen australiano, a la sombra del eucaliptus, en este caso de los que deciden nuestros destinos, nunca crece la hierba.
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