
El Gobierno socialista que
presidía Zapatero ya dio un buen mazazo a las jubilaciones, aumentando a 67
años la edad para dejar de trabajar, de 15 a 25 años el cómputo de la
prestación y congelando los emolumentos de los pensionistas, pero ahora los
populares, para no ser menos, también quieren tener su propia reforma, su
propio aceite de ricino.
Los argumentos que esgrimen los
políticos y esos expertos cuya opinión siempre apuntala los deseos del poder,
por muy injustos que sean, son variopintos, pero inciden especialmente en que
si no se toman medidas radicales, siempre en perjuicio de los trabajadores, no
será posible la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero, ¿porqué
se ha llegado a esta situación?, veamos:
Como es obvio, para poder garantizar
que millones de ciudadanos, después de una dilatada vida laboral, puedan acabar
sus días con una pensión del Estado es necesario que exista la recaudación
suficiente que lo permita, bien vía cotizaciones, bien vía impuestos. Durante
muchos años las cotizaciones fueron suficientes porque los trabajadores en
activo generaban las plusvalías necesarias para mantener una masa de pensionistas
que crecía moderadamente. Este equilibrio se empezó a romper durante la reconversión
industrial (en la mayoría de ocasiones solo fue una desertización) donde los
Gobiernos se quitaron de encima el problema del excedente laboral recurriendo
irresponsablemente a las prejubilaciones. Todos sabemos que centenares de miles
de trabajadores se prejubilaron con cincuenta y pocos años e incluso menos.
Los socialistas, con un falso
prurito izquierdista, aumentaron el agujero contable al extender las pensiones
no contributivas. Otra pléyade de ciudadanos, que no habían cotizado en su
vida, accedieron al sistema público de pensiones. Hay miles de casos
verdaderamente sangrantes y colectivos enteros, como los gitanos (cerca de un
millón de personas), que gozan de pensiones asistenciales de por vida sin
ninguna contraprestación a la comunidad.
La llegada de la crisis económica
ha agravado la situación porque al aumento estratosférico del paro se ha sumado
que muchos trabajadores se han tenido que jubilar forzosamente ante el cierre
de miles de empresas. La hucha está menguando de forma alarmante y el Gobierno
no solo no aporta dinero de unos impuestos que se han derrumbado, mete la
mano en el Fondo de Pensiones para otros gastos y compra deuda pública con el
dinero que han cotizado los proletarios para que el país no salte por los aires.
Pero, la generalización de los
contratos precarios deja diáfano que muchos trabajadores no podrán juntar
nunca los años que necesitan para acceder a una pensión y sus salarios de
miseria tampoco les permiten pagar un seguro privado. La bomba de relojería es
evidente, porque toda esta gente, cuando ya no pueda trabajar, no estará en
condiciones de coger un AK-47, pero seguirá votando y el poder sabe que las
revoluciones no las hacen las ideas, sino los estómagos.
Ya nos han adelantado lo que
piensan hacer, se impone la solidaridad, no que los políticos cobren el salario
mínimo y aporten el resto al Fondo de Pensiones, no que pongan en cuestión sus
recetas fracasadas, sino que los pensionistas que han cotizado toda su vida
distraigan una buena parte de sus pequeñas jubilaciones para que los que ni
siquiera podrán juntar 15 años de trabajo puedan comer cuando sean viejos.
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