
Si el despotismo de los socialistas ha llegado a cotas difícilmente imaginables a caballo de la crisis económica, dando vuelta del revés a sus supuestos principios y a su programa electoral sin despeinarse, en el asunto de ETA el PSOE se ha sublimado. Felipe González era el señor “X” de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), es decir, su verdadero jefe, como todo el mundo sabe. Aquello fue un tinglado chapucero organizado desde el Ministerio del Interior para intentar acabar con ETA desde la ilegalidad. Pero la heterodoxia y falta de respeto a la Ley de los socialistas siempre va de la mano de su oportunismo, lo mismo organizaron comandos que torturaban a sospechosos y pretendieron enterrar en cal viva a Segundo Marey, ciudadano que nada tenía que ver con ETA, que ordenan a la policía dar chivatazos a los terroristas para que éstos escapen de la Justicia y no puedan verse truncados sus tejemanejes. Todo depende de la coyuntura política del momento y del peaje que hay que pagar por apoyos parlamentarios impresentables, que si fueran desgranados a la luz pública causarían un vomitivo escándalo.
Pero en todo este asunto, trufado de mentiras y traiciones a los españoles, también podemos observar la manipulación del lenguaje para imponer un mensaje, cosa muy querida por los que hace mucho tiempo que aborrecieron el materialismo dialéctico. La pseudoizquieda, de la mano de los nacionalistas, ha dejado, como una bomba de relojería bajo el sofá de nuestro salón, un mensaje envenenado y falso que ha calado en el subconsciente colectivo hasta el punto de aceptarlo como razonable y justo. Se trata de hacer creer a la gente que el separatismo, la ruptura de España, es aceptable si se postula desde vías no violentas. En ese saco lo mismo pueden entrar partidos como el PNV o CIU, que KAS, es decir, ETA y las franquicias políticas de los terroristas. Pero la realidad es muy diferente, porque en la legalidad constitucional, que han prometido estos sinvergüenzas, hay escritas cosas bien distintas, hasta tal punto es así que el artículo 7, apartado 1 de nuestra Carta Magna dice textualmente: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Es decir, todos los que de una u otra forma atenten contra la integridad territorial del Estado son enemigos de los que defiendan la Constitución, ley de leyes en cuyo consenso también los socialistas tuvieron una destacada participación. ¿Pretenderán ahora cambiar también aquí el texto constitucional a espaldas de la opinión de los ciudadanos, como se ha hecho con el tope de déficit?.
ETA ya no necesita de la lucha armada para conseguir sus fines, porque el PSOE y el PNV le han allanado el camino para hacerlo desde las instituciones democráticas. El problema es que, al hacerlo, todos ellos se han puesto fuera de la Constitución, aprobada por los españoles en referéndum nacional el 6 de diciembre de 1.978. Además del juicio que se hará de otras fechorías socialistas, que están en la mente de todos porque las sufrimos a diario en nuestras propias carnes, ya veremos lo que opinan los ciudadanos de este asunto el 20 de noviembre.
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