EL GOBIERNO INTERVIENE LAS CUENTAS CATALANAS

Ante la sospecha, mas que fundada, de que el Ejecutivo catalán, en contra de las resoluciones judiciales, está desviando fondos para sufragar las gastos de campaña y del referéndum que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, el Gobierno de España ha intervenido las finanzas de la Generalitat. Será el propio Gobierno Central el que pague a funcionarios, policía autonómica, sanidad, educación, proveedores, etc. No solo eso, el Gobierno de España ha exigido a los bancos que operan en Cataluña que comuniquen de inmediato si hay movimientos o trasferencias de dinero sospechosas de servir para las maniobras independentistas, pues hay indicios de que agentes financieros internacionales, e incluso alguna potencia extranjera, estén aportando fondos para los secesionistas. De facto, la intervención de las cuentas catalanas supone la aplicación económica del Artículo 155 de la Constitución Española, que permite intervenir o suspender la autonomía de una comunidad autónoma “si no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España”. Eso sí, para aplicar el Artículo 155 de la Constitución no basta una orden del Gobierno, tiene que ser el Senado el que, por mayoría absoluta, lo apruebe. Estoy hablando de un asunto procedimental que no alteraría el resultado pues el PP, partido del Gobierno, tiene mayoría absoluta en el Senado. El problema es que se ha dejado pudrir el asunto sin hacer nada y ahora ya no hay tiempo para seguir los cauces ordinarios.

Los independentistas, y algunos/as que les hacen el caldo gordo, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al Rey, solicitando negociar un referéndum pactado. Es una estratagema propagandística pues saben perfectamente que para poder hacer eso hay que reformar la Constitución y que para reformar la Carta Magna Española hay que tener mayoría en el Congreso de los Diputados, una mayoría que de momento no tienen. La carta ha llegado primero a los periódicos que a sus destinatarios y eso confirma cual era su verdadera intención.

Pero, el problema de fondo no es referéndum sino ¿qué era lo que querían los independentistas que no les dio el Estado y por eso se han tirado al monte? Una buena parte de la sociedad y de las formaciones políticas catalanas lo que pretendían era una relación asimétrica dentro del Estado de las Autonomías, en Román Paladino, querían gozar de unos privilegios que no tuvieran otras regiones españolas, como sucede con el País Vasco y Navarra. Pero, si, con justicia o sin ella, las singularidades vasca y navarra están recogidas en la Constitución, aprobada por los españoles el 6 de diciembre de 1.978, y tienen una cierta justificación en el acuerdo que se cerró para mantener sus Fueros cuando se formó España hace 500 años, las reivindicaciones catalanas no solo no tenían ninguna base argumental, chocaban con los legítimos intereses de otras comunidades autónomas, algunas mucho mas históricas, que sí fueron reino durante siglos, mientras Cataluña dependía del Califato de Córdoba, como Asturias. Es por eso que los independentistas nunca han querido llevar este debate al Congreso de los Diputados ni hacerlo en ningún otro foro delante de todo el mundo, se les caería la careta. Al contrario, buscaron un presidente del Gobierno que cediera a su chantaje y metiera sus reivindicaciones por la puerta de atrás. Ese presidente del Gobierno fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero el Tribunal Constitucional acabó poniendo las cosas en su sitio ¿Son el conjunto de los españoles, el Estado y el Gobierno Central los culpables de todo lo que está sucediendo? evidentemente, no.