
Hay asuntos delicados de tratar,
y de criticar, y este, sin duda alguna, es uno de ellos, aún mas cuando se hace
desde un prisma óptico de izquierda. Es de justicia, y de sentido común, que no
se puede dejar caer a nadie a las alcantarillas y que son muchos los españoles
que por culpa de la crisis y de las nefastas políticas implementadas en los
últimos años en España se encuentran en una grave situación económica, sin
trabajo u obligados a abandonar su vivienda. Es gracias a las familias (esa
entidad tantas veces denostada irresponsablemente por la izquierda) que mucha
gente puede todavía hoy sobrevivir en este país, aunque muchos padres y abuelos
tengan que pasar privaciones para sacar adelante a sus hijos y sus nietos. Pero,
también las administraciones, sobre todo, como hemos dicho, locales y
regionales, hacen un gran esfuerzo, dedicando fuertes partidas de sus presupuestos
a los mas necesitados y, en particular, al salario social.
El problema es que, en el sistema
económico que vivimos, la creación de riqueza es imprescindible para que el
Estado pueda luego repartir. Es decir, no puede haber subvenciones si no hay crecimiento
económico y no puede haber crecimiento económico si no hay inversión. El
recurso al déficit y a engordar la Deuda Pública hasta cotas estratosféricas,
que es lo que se está haciendo, traerá muchos disgustos a medio plazo. ¡Que se
lo digan a los griegos!
Pero, a mí lo que mas me preocupa
no es la falta de recursos para un salario social universalizado, porque en España,
donde hay un fraude fiscal de unos 80.000 millones de euros anuales, hay
posibilidad de recaudar mucho mas sin subir los impuestos, solo modificando la
Ley y el Código Penal o aboliendo el papel moneda, sino que, además del
imperativo socorro social, corramos el riesgo de construir una sociedad donde
una gran parte de la población viva en una economía paralela, donde trabajar no
sea necesario para vivir. Es cierto que ahora España tiene unos niveles de paro
que dan miedo y que el desempleo juvenil hace estragos, pero, no hace mucho
tiempo, en plena burbuja financiero-inmobiliaria, mientras millones de
extranjeros llegaron a nuestro país a trabajar, había colectivos enteros que vivían
de las subvenciones y del salario social sin la menor intención de dar palo al
agua.
Yo creo que hay que ser prudentes
con este asunto. Una cosa es que el Estado se preocupe de que todos los
españoles puedan vivir dignamente, para eso está, y otra muy distinta que el
dinero que es necesario para la inversión, para el crecimiento y para crear
puestos de trabajo se gaste en subvenciones que no son controladas ni
fiscalizadas suficientemente y que son caldo de cultivo para la picaresca y la
parasitación. No deberían existir, por ejemplo, salarios sociales, sin
contraprestaciones sociales.
Si no somos conscientes de que el
salario social y las subvenciones sociales deben ser una justa excepción, y no
la regla, corremos el riesgo de que dentro de pocos años no habrá nada para
repartir, porque los apartados sociales de Sanidad, Educación y Pensiones ya absorben
la mayor parte de los Presupuestos.
Efectivamente. Coincido bastante con su análisis. El peligro de las ayudas sociales a colectivos en exclusión o en riesgo de exlusión social es que éstas, junto con las ayudas provenientes del entorno familiar, terminen convirtiéndose en algo sustitutivo de la conveniencia de trabajar.
ResponderEliminarA fin de cuentas, los sistemas de protección social no vinculados a las cotizaciones al sistema de Seguridad Social (no contributivos), representan el reconocimiento de un fracaso social; fracaso al no haber podido evitar, con políticas públicas distintas, que los beneficiarios de dichas ayudas caigan en las situaciones de exclusión social.
Todo el dinero que se dedique a extender dichas ayudas más allá de lo razonablemente necesario, supone restar recursos destinados a las políticas públicas en favor de la economía productiva o de aquellas otras destinadas a la mejora del capital humano.
La experiencia demuestra que muchos ciudadanos que nunca han trabajado o que, habiéndolo hecho con anterioridad, perdieron sus empleos para terminar convirtinéndose en parados de muy larga duración, tampoco consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo ordinario tras participar en programas públicos de empleo (planes locales de empleo y otros programas que combinan empleo y formación). Bien al contrario, entran en un círculo pernicioso que consiste en acogerse a dichos programas durante un tiempo, cotizando lo suficiente para acceder a la protección por desempleo, para terminar volviendo al empleo protegido nuevamente, sin la menor intención de buscar un empleo normalizado.
A esa situación contribuyen otros elementos que han surgido como consecuencia de la crisis; me refiero a los empleos muy precarios y muy mal retribuidos, que hacen que quienes puedan estar en disposición de acceder a tales empleos prefieran "beneficiarse" de las ayudas públicas, del apoyo familiar y hasta del empleo sumergido, al considerar que sustituyen adecuadamente al empleo que les ofrece el mercado ordinario.
Los responsables políticos que no alcancen a ver estas amenazas, estarán haciendo un flaco servicio a la sociedad.