
Es lógico que en una coyuntura económica donde los ciudadanos ven como se suben los impuestos, y se incrementan los precios de la alimentación, el transporte público, la electricidad, los carburantes, los servicios, etc, mientras los salarios permanecen congelados o a la baja, el Gobierno pretenda dar la imagen de que también se actúa contra los adinerados y sobre todo contra los que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pero es una pantomima.
El Gobierno del PP no solo ha hecho una amnistía fiscal para los defraudadores (algo fuera de la Ley e inconstitucional), además pretende engañar a los ciudadanos con medidas que hasta el mas tonto del pueblo sabe que son totalmente ineficaces. ¿Que no puedo pagar en efectivo más de 2.500 euros?, por favor, fraccióneme usted esta factura; ¿que tengo que declarar mis cuentas en el extranjero?, mi banco de Las Caimán no da ninguna información y mis cuentas en bancos suizos solo tienen un código numérico.
Los ciudadanos saben, y esto ya empieza a ser un clamor, que las medidas contra el fraude fiscal no las tiene que tomar el equipo económico del Gobierno, sino el Ministerio de Justicia. Cuando veamos a Alberto Ruiz Gallardón salir en el Congreso de los Diputados diciendo que se va a modificar, de inmediato, la Ley y el Código Penal para que los defraudadores tengan duras penas de cárcel y puedan ser confiscados todos sus vienes, entonces empezaremos a creer en la lucha contra el fraude fiscal de este Ejecutivo.
De momento, lo único que hemos visto es que para la gente del PP es mas grave romper la luna de un banco que robar a todos los españoles.
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